Entre los 1989 y 2018, un grupo de 45 ex gobernadores han sido vinculados con algún delito, entre ellos 12 enfrentan o enfrentaron procesos penales, otros 15 fueron investigados por autoridades mexicanas y estadounidenses, dos más fueron señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seis fueron denunciados penalmente, y el resto exhibidos públicamente por colaboradores cercanos y personajes políticos.
La tendencia parece haber nacido de la mano del sexenio del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), periodo en que investigaciones realizadas tanto en México como en Estados Unidos condujeron a más de una decena de ex mandatarios estatales que habrían participado en algún hecho ilícito.
Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, fue un caso emblemático por ser el primero de este periodo que tuvo amplia cobertura mediática; con él, México rompió el espejismo que la figura del fuero resguardó durante décadas, en las que los goberanantes y ex funcionarios públicos parecían contar con inmunidad absoluta.
Las últimas tres décadas estuvieron marcadas por la aceleración de los indicadores críticos en el país: deterioro económico, aumento de la inseguridad, y debilitamiento del estado de derecho, entre otros, pero también por la cada vez más frecuente vinculación de ex gobernadores, con el crimen organizado y delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
Los cinco sexenios que comprendieron este periodo –Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000 – 2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 – 2018– son resumidos por consenso público como un episodio oscuro de la historia de México, percepción que goza de un amplio quórum en redes sociales, y que se impulsa a través de un reclamo cada vez más sonoro para que sean enjuiciados aquellos que nombran “delincuentes de cuello blanco”.
