En los últimos 13 años en México se ha presenciado una oleada violenta que ha significado un 30% mayor de lo que hasta ahora se creía (40.000) debido a un cambio en el método para calcularlo, lo anterior fue realizado por un organismo gubernamental.
Se estima por lo tanto que los desaparecidos ascenderían a 52.000 en estos "años del horror" desde que el presidente Felipe Calderón decidió a fines de 2006 lanzar la cuestionada "guerra contra el crimen" que provocó unos 274.000 muertos
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNBP), señaló que esta entidad adoptó "un nuevo sistema de reporte de personas desaparecidas que atiende a lo que dice la ley". La nueva medición no sólo toma en cuenta las personas que han sido denunciadas como desaparecidas, sino también "toda aquella sin denuncia".
"Esto responde a la realidad en México, que sabemos que mucha gente no denuncia porque tiene miedo a hacerlo. Recordemos que nosotros no somos investigadores, somos buscadores y como tales lo que necesitamos saber no solo es a cuántas personas buscamos", afirmó.
Para la funcionaria, "no se trata de un número solamente, sino más allá: de historias, de familias detrás, de tener la mayor información posible, y tener mayores elementos para encontrarlos". Quintana estima que la desaparición claramente simboliza "una crisis de graves violaciones a los derechos humanos" y la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce "pone a México" en los primeros lugares en el ranking mundial.
Estrechamente relacionado con los desaparecidos está el espinoso asunto de las fosas clandestinas donde se cree estarían muchas de las personas que son objeto de tenaz y afanosa búsqueda por parte de sus familiares, desesperados por no tener noticias de donde se encuentran sus seres queridos.
Se estima que en el territorio nacional existen al menos unas 3.600 fosas clandestinas, con cerca de 5.000 cuerpos, entre diciembre de 2006 a agosto pasado. "Es un dato abrumador, terrorífico, el país es una fosa", dijo Quintana, haciendo eco de las palabras del sacerdote y activista Alejandro Solalinde, quien dijo que "México entero es una fosa clandestina".
Sin embargo, señaló que son las fiscalías de los 32 estados del país a las cuales les corresponde "determinar la antigüedad de esas fosas, los cuerpos y los restos humanos que se encuentren en esos lugares de inhumación clandestina".
"Hablar de una fosa, además de dramático y tétrico", también significa que "puede haber más cuerpos" y tumbas clandestinas, y cuantificarlas brinda "una idea del horror", dijo. Por ahora, sin embargo, todavía no se formaliza el nuevo reporte de personas desaparecidas, pero también está pendiente un registro de fosas, así como la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda.
Para lograr la meta de determinar donde se encuentran los desparecidos en México el gobierno del presidente Andrés López Obrador, iniciado hace un año, ha dispuesto duplicar el presupuesto para las comisiones locales de búsqueda, para llegar al equivalente a unos 20 millones de dólares.
Para hacer más efectivos los resultados, los fondos están atados a la obligación de no emplearlos en cuestiones administrativas sino solamente para fines estrictos de búsqueda, sea en campo, en bases de datos, forenses o jurídicas, entre otras.
Otra asignatura de este organismo aprobada el pasado 5 de diciembre que está pendiente de realizarse es la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, encargado de atender el rezago de al menos 37.000 restos o cuerpos sin identificar en el país. El mecanismo busca también afrontar la saturación de las morgues en el país, por cuanto se cuenta con espacio para 5.000 cadáveres, pero hay cerca de 8.000, es decir, está rebasada en un 60%.
(CLARÍN)
