Esta semana la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó el proyecto de presupuesto 2024 para el Poder Judicial de la Federación y advirtió que si no reciben más presupuesto no habrá elecciones pacíficas ni democráticas en 2024.
El proyecto de presupuesto para el Poder Judicial de la Federación en el año 2024 fue presentado con una solicitud de aumento del 4 por ciento en términos reales. En caso de no obtenerlo, se ha amenazado con que la transmisión de poder en México no será pacífica y no habrá estabilidad democrática. Esta solicitud se produce poco después de que se anunciara que el presupuesto asignado a dispendio y lujos sería reducido para la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Durante su discurso, expresó la importancia de las funciones que el Poder Judicial Federal tendrá que desempeñar el próximo año para la vida democrática y la justicia social en el país. En primer lugar, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Esto requiere una asignación presupuestal adecuada para hacer frente al potencial aumento de casos que tendrá que resolver el Tribunal Electoral. Solo así se podrá garantizar una transmisión pacífica del poder en México y mantener la estabilidad democrática.
’Las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática’.
’La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del estado de derecho’, expresó Norma Piña.
En relación a esto, el diputado Ignacio Mier criticó el discurso como mafioso y una afrenta al pueblo de México, argumentando que amenazar con la falta de aprobación del presupuesto al Poder Judicial para el año 2024 pone en duda la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en el país y que no son los tiempos adecuados, ya que el periodo legislativo no ha iniciado y aún no se ha recibido el paquete presupuestal para el próximo año.
’Advertir que, si no aprobamos el presupuesto al Poder Judicial para 2024 no se podrá garantizar una transmisión de poder pacífica y con estabilidad democrática, pone en entredicho la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en México’.
El legislador por Morena también anticipó que se citará a la ministra presidenta a comparecer ante la Cámara de Diputados, con el fin de que explique los sobresalarios, comidas, viajes y estilo de vida de dispendio en el que incurren habitualmente, a costa del pueblo de México, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Ignacio Mier anunció el pasado 14 de agosto que la bancada morenista podría recortar hasta 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Dentro de los gastos considerados superfluos, mencionó una partida de 3 mil millones de pesos destinada a pagar las reparaciones de domicilios particulares de ministros, magistrados y jueces con dinero del pueblo de México.
’Se haría una revisión minuciosa al gasto que ejerce el Poder Judicial, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 mil y hasta los 25 mil millones de pesos’.
’Esto no tiene que ver con el gasto de los recursos destinados al desarrollo del objetivo que tiene el Poder Judicial, que es realmente garantizar la administración de justicia en México de un millón 200 mil asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la Judicatura Federal, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita’. Asimismo, señaló que los ministros cuentan con escoltas, automóviles blindados, pago de teléfonos, viajes para sus familias, entre otras prebendas.
Para minimizar el impacto en la opinión pública de los gastos innecesarios y lujos injustificables, Norma Piña afirmó que la asignación presupuestal necesaria para la administración de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre los gastos injustificables a los que hizo referencia.
De acuerdo con el senador con licencia Ricardo Monreal, existen una serie de privilegios que beneficiarían de manera indebida a los ministros de la Corte. Estos privilegios incluyen: sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300 mil pesos mensuales cada ministro; aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo; gozan de primas vacacionales por 95 mil pesos (10 días de sueldo); fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año; un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal, incluidos trabajadores domésticos; dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada dos años; pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año; apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales; apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas; algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal; seguros para autos y casa habitación; atención especial para reservación en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tramite; atención personalizada en el aeropuerto; viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales tanto en México como el extranjero, para lo que les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
Así también salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas; dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares, y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año; computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte de Justicia; apoyo de soporte técnico por parte de personal en la Suprema Corte; también pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público; seguro de gasto médico, 30 millones en adelante. Y para su familia nuclear, también, o sea, toda su familia; ciento ochenta y ocho mil al año para compra de medicamentos; seguro de vida institucional, 12 millones; pago por defunción, 1 millón 189 mil; ayuda para gastos funerales, 30 mil pesos; se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados; seguro de separación individualizada, 20 millones; tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida.Con información de CONTRALÍNEA
