Luego de que Ana Luisa Vera Andrade fuera evidenciada por trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Hidalgo por cometer actos de prepotencia, discriminación, humillaciones, e incluso presuntos actos delictivos y de corrupción, tras la remoción y posterior nombramiento de Carmelo Marcos González la cura podría ser peor que la enfermedad, toda vez que el funcionario ha tenido una amplia trayectoria en dejar casos impunes alrededor del país.
EL HISTORIAL DE CARMELO MARCOS*
Carmelo Marcos González, es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y de acuerdo a la página oficial de la PGR, cuenta con una carrera de 39 años en la procuración de justicia; sin embargo, su nombre aparece en casos que, hasta el día de hoy, permanecen impunes.
En 2005, siendo Carmelo González, Director de Averiguaciones Previas en la Procuraduría de baja California; Sara Benazir, joven de 15 años, fue violada y arrojada a un carro en movimiento que se impacto con un taxi, y perdió la vida. Los registros indican que uno de los presuntos responsables fue detenido dos días después del asesinato, empero, de alguna manera todavía desconocida, escapó y vivió prófugo en Estados Unidos. En 2013 fue capturado nuevamente y puesto en libertad por el Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
La Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH) acompañada de múltiples organismos de derechos humanos, indicaron que, durante el proceso de investigación, la procuraduría de Baja California, incurrieron en actos de negligencia, omisión y tergiversación. Incluso, en una relatoría de hechos, el padre de Sara, señala directamente al hoy delegado de la PGR en Hidalgo, Carmelo Marcos, de haber acusado de prostituta a la víctima y de amagar a la familia de romper comunicación con ellos debido a las protestas realizadas por la sociedad civil en torno al caso.
Otro de los casos más emblemáticos de impunidad en el país fue el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo y José Antonio Mercado López, perpetrado por militares en las instalaciones del Tec de Monterrey. Carmelo Marcos, como Director de Averiguaciones Previas de la zona Noreste, estuvo al frente de la averiguación previa del caso, abriendo la carpeta de investigación: AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010, en la cual, los estudiantes aparecieron como ’sicarios’. El Ejército Mexicano, dio a conocer que la noche del 19 de marzo, se habían abatido a dos miembros del crimen organizado, justo frente a las instalaciones del ITESM, sin embargo 36 horas después se dio a conocer que eran estudiantes destacados de la institución.
Debido a esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación 45/2010, a través de la cual señaló que la PGR, la PGJ y la Procuraduría de Justicia Militar presentaron obstáculos y poca colaboración para la investigación y exhortó a la procuraduría a que se reconociera como víctimas a los estudiantes asesinados, dentro de la carpeta de investigación.
También, de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, se encontraron graves irregularidades en la construcción de la comandancia que se pretendía construir en aquel San Luis Potosí, de donde era subdelegado, ya que el recurso fue otorgado por adjudicación directa a un individuo que no pudo ser localizado debido a que proporcionó una dirección falsa. Así, quienes se opusieron a la construcción de dicho inmueble, acusaron a los delegados de la procuraduría, Rodolfo Hernández Limón y Carmelo Marcos González, por encubrir a los ex funcionarios involucrados en dicho conflicto.
LOS SEÑALAMIENTOS A VERA ANDRADE
Más allá de los abusos, la discriminación, prepotencia y el trato denigrante que daba hacia los trabajadores de la PGR Hidalgo Ana Luisa Vera Andrade, mediante una carta donde exponían los motivos para pedir su renuncia y que aparentemente fuera elaborada por al menos la mitad del personal administrativo de dicha institución, llama la atención los casos donde podría haber indicio de corrupción y hasta de contubernio.
El primero de los señalamientos destacaba que cuando se ponía a resguardo el producto extraído de huachicol, solicitaba que únicamente el combustible quedara a disposición, sin enviarlo inmediatamente a Pemex (presuntamente para aprovecharlo) y que los vehículos en donde se transportaban no fueran resguardados, lo que viciaba las líneas de investigación para proteger a los responsables de dicho delito.
También se le señaló por dar la instrucción de que únicamente se trabajará con Grúas Gómez (para los arrastres de vehículos al corralón) ya que es beneficiada con una cuota por cada unidad que se devuelve a sus propietarios, negociación llevada a cabo en complicidad con Lizbeth Benítez Pérez y Rubén Vázquez Cortes, quienes asumían un puesto de ’Supervisor de supervisores’ que no existía.
Ya en el punto del descaro, se le señaló de maquillar cifras para disminuir el número de carpetas abiertas, el de negociar la libertad de los detenidos sin la custodia policial ni la presencia de abogados, solamente la de sus operadores; también se dijo que cobraba derecho de piso a la plaza de Huejutla para no decomisar piratería, y de tener un negocio donde exigían a los trabajadores la compra de uniformes exclusivamente en una entidad donde ella tenía intereses de por medio.
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*Con información de Sandra Uribe/Acrópolis
