La Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), no garantizó una procuración de justicia eficaz, imparcial, transparente y expedita porque preponderó y abusó del no ejercicio de acción penal en las carpetas de investigación y averiguaciones que se atendieron durante el año pasado, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018.
Además, la Auditoría, dirigida por David Colmenares Páramo, advirtió que si la FGR continúa con esa tendencia de inacción, los niveles de inseguridad y violencia continuarán al alza.
’De acuerdo con la Visitaduría General de la PGR, en ese año, existió un abuso de averiguaciones previas y carpetas de investigación que se concluyeron bajo el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar y el envío a archivo temporal aun cuando el MPF contaba con actos de investigación pendientes de realizar, como consecuencia de ello, existieron delitos que no derivaron en una consecuencia punitiva, esto podría ser un factor que contribuya al incremento de la incidencia delictiva’, destacó en su informe entregado este jueves en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el reporte emitido por la ASF a la entonces PGR, se registró un rezago de al menos 36 mil 125 indagatorias, denuncias de delitos federales, de las cuales, 21,641 son carpetas de investigación del sistema penal Acusatorio (nuevo sistema) y 14,484 averiguaciones previas del sistema penal inquisitivo (anterior).
NUEVO SISTEMA: 84% DE LOS CASOS AL OLVIDO
En el 2018, se atendieron en total 127,158 carpetas de investigación por delitos federales ya dentro de nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de las cuales,pero la mayoría no se judicializaron, de acuerdo con la Auditoría.
El 85. 4 por ciento (108, 668 carpetas de investigación) se enviaron a archivo temporal, se declaró incompetencia,se acumularon a otras indagatorias, se abstuvo de investigar o bien, no se ejerció la acción penal . Esta cifra es superior a la registrada en 2017, reportó la Auditoría.
El órgano recordó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se realizó con el objetivo de garantizar la agilidad y eficiencia en los asuntos que recibe el Ministerio Público Federal para evitar su rezago. Sin embargo, la Auditoría constató que, aún y cuando sí se incrementó la efectividad en la judicialización de las carpetas de investigación, en la mayoría de los asuntos ’el objetivo no se cumplió’, porque sólo el 14. 5 por ciento (18,490 carpetas) atendidas durante el 2018 se se judicializaron o se reparó el daño.
Por otra parte, la PGR acumuló un total de 21 mil 641 carpetas de investigación rezagadas.
’Por lo que aun con las modificaciones al proceso penal persistió un alto riesgo de impunidad, aspecto que redundó en que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, el porcentaje de encuestados que confió en el Ministerio Público Federal disminuyó en 1.1 puntos porcentuales respecto de lo reportado el año anterior; asimismo, el porcentaje de las personas que calificaron como efectivo el desempeño también se redujo en 0.8 puntos porcentual; por el contrario, la percepción sobre la corrupción del MPF se incrementó en 2.3 puntos porcentuales; todo ello, a consecuencia de una escasa coordinación entre el MPF, sus órganos auxiliares y la PF; falta de profesionalización del MPF, así como de sus órganos auxiliares responsables de la persecución e investigación de los delitos federales y a la falta de atribuciones para sancionar, no sólo las irregularidades detectadas, sino también las deficiencias recurrentes en los expedientes del MPF’, destacó el órgano fiscalizados.
Al respecto, como acción de mejora, en 2019, la FGR acreditó la creación de un subgrupo de trabajo como estrategia para liquidar las averiguaciones previas en trámite; sin embargo, no contó con mecanismos para la supervisión de la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas despachadas.
REZAGO EN CASOS DEL VIEJO SISTEMA
En lo que respecta al Sistema de Justicia Penal Inquisitivo –en el viejo sistema– la PGR despachó un total de 61 mil 969 averiguaciones previas, de las cuales, sólo el 1.6 por ciento (966 averiguaciones) se consignaron a los órganos jurisdiccionales, y de esas no se tiene la certeza de que éstas obtuvieran una sentencia condenatoria.
’De acuerdo con la Visitaduría General de la PGR, en ese año, existió un abuso de averiguaciones previas y carpetas de investigación que se concluyeron bajo el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar y el envío a archivo temporal aun cuando el MPF contaba con actos de investigación pendientes de realizar, como consecuencia de ello, existieron delitos que no derivaron en una consecuencia punitiva y de continuar así, esto podría ser un factor que contribuya al incremento de la incidencia delictiva’.
’Se estimuló el abuso del no ejercicio de la acción penal a consecuencia de priorizar la rapidez antes de procurar que los delitos no quedaran impunes’, destacó la ASF.
Además, al cierre del año pasado, la PGR acumuló un rezago de 14 mil 484 averiguaciones previas.
En cuanto a la Policía Federal Ministerial, la Auditoría destacó que concluyó la mayoría de los mandamientos ministeriales en proceso, pues de 169 mil 020 mandamientos, el 83 por ciento (140 mil 285) fueron concluidos y el 17 por ciento (28 mil 735 mandamientos) se encontraron en proceso al cierre del ejercicio.
La Coordinación General de Servicios Periciales concluyó 327 mil 833 servicios periciales (99.0 por ciento), en tanto que 3 mil 399 (1.0 por ciento) se encontraron en proceso de estudio o análisis.
INADECUADA INVESTIGACIÓN
La Auditoría destacó que la PGR cumplió sólo el 56.8 por ciento de los 64 indicadores establecidos para medir el desempeño de los programas presupuestarios a su cargo.
La falta de investigaciones exhaustiva, malos e inadecuado análisis de los actos de investigación practicados por la Policía Federal Ministerial y los peritos, y no realizar una efectiva conducción y mando de la investigación fueron otras de las deficiencias detectadas por la Visitaduría General.
’Aunado a ello, estas deficiencias presentaron un incremento respecto de años anteriores, además de que se verificó que éstas fueron recurrentes sin que en ninguno de los casos la Visitaduría General contara con las atribuciones para sancionar este tipo de actos’, comentó.
Finalmente, la ASF emitió nueve 9 recomendaciones al desempeño ’para que se implementen estrategias y controles para evaluar la calidad técnico jurídica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, la instrumentación de mecanismos de coordinación entre la Policía Federal, por medio de la Guardia Nacional y el Ministerio Público de la Federación para la investigación de los delitos federales, así como para que el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial detecte y atienda las necesidades de especialización por perfil de puesto e incremente la cobertura del personal profesionalizado y se fortalezca el Servicio Profesional de Carrera’.
También pidió que se dote de facultades a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, antes Visitaduría General, para sancionar al MPF y a sus órganos auxiliares cuando detecte que las deficiencias en su actuación sean recurrentes.
