A más de un año de iniciar el proceso de liquidación de Accendo Banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los gobiernos del Estado de México, Tlalnepantla y Naucalpan no han podido recuperar alrededor de 429 millones de pesos allí depositados y lo más seguro es que ya no lo hagan, derivado de que la institución perdió su licencia precisamente por no contar con una fracción del capital (10.5%) que debiera tener en sus cuentas para garantizar liquidez.
Al día de hoy, solamente los pequeños ahorradores han podido recuperar sus recursos mediante el IPAB, aunque ello solamente aplica para quienes tenían hasta 400 mil UDIS en sus cuentas al 28 de septiembre de 2021, esto es, hasta 2 millones 768 mil 169.20 pesos.
Para el resto de cuentahabientes, entre los que se encuentran los gobiernos de 7 entidades del país (Baja California, Durango, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas), aún deben esperar el remate de bienes por parte de la entidad para que se sume a lo que tengan en cuentas, siendo sometidos además a la prelación que marca la Ley, misma que los deja en los últimos lugares de cobro.
A la fecha, el único remate público sobre el paquete total de activos asciende a sólo 9 MDD (180 millones de pesos) en derechos de cobro a mineras, que integrado a otros bienes de la institución, se queda lejos de los alrededor de 4.5 mil millones de pesos depositados por los grandes ahorradores, quienes son en su mayoría instituciones públicas.
De hecho, del comunicado de Hacienda sobre la liquidación del Banco se desprende que intentaron ingresar 642.5 millones de pesos como aportaciones de futuros aumentos de capital, cuando se trataba de pasivos, además de ingresar otros 371 millones en la bolsa sin referir que se trataba de personas relacionadas relevantes; al requerir el ajuste de estos 1,013.5 millones y no realizarse, el cálculo del ICAP fue menor al que marca la Ley (10.5%).
LAS PÉRDIDAS MEXIQUENSES
En cuanto al Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo, se encuentra en la lista de acreedores de Accendo Banco por un monto de 112 millones, 425 mil, 554.30 pesos, correspondiéndole el folio 6 en la prelación (si existe aún capital luego de pagar las otras obligaciones que tienen preferencia).
Cabe señalar que la institución financiera en la que depositaron el dinero de los mexiquenses gozaba de signos de alerta al menos desde inicios de 2020.
En cuanto al ayuntamiento de Tlalnepantla, en ese entonces bajo la tutela de Raciel Pérez Cruz, la irregularidad fue más grande, y no sólo porque el monto se elevara a 315 millones 648 mil 264.80 pesos, sino porque ese recurso era del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), es decir, que debió ejecutarse en su momento y no dejarse ociosos en una cuenta para luego contar con la “mala fortuna” de que el banco quebrara.
El solo municipio de Tlalnepantla perdió más dinero que los gobiernos de Oaxaca, Baja California, Durango y el Estado de México, juntos.
Cabe señalar que al tratarse de fondos federales, los mismos deben ser reintegrados a la Federación, lo que dejará un boquete presupuestario para los habitantes de dicha demarcación.
También la administración de Patricia Elisa Durán Reveles en Naucalpan terminó embarrada en el caso Accendo, aunque en este caso el monto resultó inferior a un millón de pesos, sin que ello la libre de la responsabilidad de haber confiado en un Banco que ya había sido observado por diversas irregularidades.
