Un juez en México le otorgó la libertad bajo fianza al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es también investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.
El priista Eugenio Hernández, que es acusado por peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el país, fue liberado la madrugada del sábado, pagando una fianza de 5 millones de pesos, de acuerdo con una fuente de la Judicatura Federal a AFP.
La administración de Hernández, quien fue gobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se vio afectada por un aumento de la violencia criminal debido a los enfrentamientos entre los poderosos cárteles de los Zetas y del Golfo.
Estas disputas en el estado, que limita con Estados Unidos, están relacionadas con el control de las lucrativas rutas de tráfico de drogas.
Ante la decisión del juez la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que presentará un recurso para impedir la liberación, alegando el riesgo de fuga por parte del acusado.
"En este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país" y que "ha cometido graves delitos internacionales", subrayó la dependencia.
La liberación del exgobernador Hernández ha generado una gran controversia y críticas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR ha expresado su oposición a la liberación, argumentando que existe un riesgo evidente de evasión. Además, consideran inaceptable permitir que un acusado buscado por otro país salga en libertad bajo una fianza insuficiente.
La decisión del juez que permitió la liberación se suma a una serie de polémicas resoluciones judiciales que han beneficiado a políticos con reputaciones cuestionables. Esto ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador a denunciar un poder judicial "podrido".
Estados Unidos acusa a Hernández de crear empresas ficticias para desviar fondos públicos y de blanquear millones de dólares a través de cuentas bancarias en ese país. Aunque México aceptó su extradición en 2018, los recursos legales presentados por el exgobernador han retrasado el proceso, culminando en su liberación bajo fianza.
A pesar de las dilaciones legales, la FGR insiste en la gravedad de los delitos imputados a Hernández y la necesidad de que enfrente la justicia. La liberación del exgobernador ha generado preocupación sobre la efectividad y la transparencia del sistema de justicia en México.
Esta controvertida situación se asemeja a la condena previa del predecesor de Hernández, Tomás Yarrington, quien admitió haber recibido sobornos y lavado dinero en Estados Unidos, y quien previamente había enfrentado cargos relacionados con el tráfico de drogas en asociación con el Cártel del Golfo.Con información de AP
