Aunque varios analistas pregonaban que la economía de México se iría por la borda mostrando una devaluación significativa del peso para este año, crisis económica y endeudamiento; sin embargo la realidad fue distinta, la expectativa de crecimiento en el país se fue al alza.
Gabriela Siller Pagaza, analista de Banco Base, suele ser duramente criticada en redes sociales por sus pronósticos catastrofistas sobre el país y su agenda en contra del Gobierno de izquierda. Sin embargo, ella no es la única que minimiza los logros del presidente López Obrador y atribuye los indicadores positivos a factores externos. Siller a menudo es citada por agencias noticiosas extranjeras o programas de noticias abiertamente opositores, al igual que otros economistas que han errado en sus pronósticos.
Incluso a finales del año pasado, el 5 de noviembre de 2022, Pedro Ferriz de Con, Macario Schetinno, Luis Pasos y Gustavo de Hoyos, algunos de ellos vinculados al sector económico o declarados analistas, pronosticaron una devaluación del peso.
Apenas a finales del año pasado, el 5 de noviembre de 2022, Pedro Ferriz de Con, Macario Schetinno, Luis Pasos y Gustavo de Hoyos, algunos de ellos ligados al sector económico o declarados abiertamente analistas, pronosticaron la devaluación del peso.
’Luego de un profundo análisis económico […] podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía’, escribió el político y periodista. Sucedió todo lo contrario.
A principios de julio el presidente y director de J. P. Morgan México, Felipe García Moreno, señalaba en entrevista con El Economista cómo los inversionistas y grandes corporativos están buscando oportunidades para quedarse en México, como lo prueban las 41 empresas que ya anunciaron sus planes de expansión y llegada.
Los propios indicadores de crecimiento, generación de empleo y el nivel adquisitivo del salario son otro componente de esta explicación. Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre del año muestran que la economía mexicana siguió creciendo por arriba de su promedio histórico, que es del 3 por ciento anual, además de que ya se acumulan 7 trimestres consecutivos al alza. A manera de contraste, en la pandemia el PIB se desplomó 8 por ciento.
Para este 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) perfiló en los Precriterios de Política Económica para 2024, que presentó en abril pasado, un crecimiento del PIB del 3 por ciento tanto para este año como para el próximo, una estimación que en su momento fue calificada de optimista, pero a la cual se han acercado otras previsiones.
En 10 de las últimas 13 ediciones de la encuesta CitiBanamex, por ejemplo, el estimado de crecimiento se ha revisado al alza, además el consenso de crecimiento para 2023 pasó de 0.9 por ciento a principios de año a 2.9 por ciento en la edición más reciente de la encuesta de agosto. Incluso hay algunos analistas que estiman crecimientos superiores para este año: el banco JP Morgan estimó un crecimiento de 3.2 por ciento; Barclays, en el mismo nivel y BNP Paribas del 3.5 por ciento.
La misma tendencia se ve en la más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de agosto en la cual se muestra cómo en julio el pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 llegó al 2.59 por ciento, cuando en junio era de 2.26 por ciento, y en mayo de 2.5 por ciento.
La inflación una de las principales preocupaciones a nivel mundial ha ido acercándose a la meta de Banxico del 3 por ciento. Este jueves, por ejemplo, el INEGI dio a conocer la inflación general se desaceleró a 4.67 por ciento anual en la primera quincena de agosto, desde 4.78 por ciento al cierre de julio, con lo que ligó siete periodos desacelerándose. El dato de la primera mitad de agosto fue el menor desde la primera quincena de marzo del 2021.
En lo que respecta a la creación de empleo formal, los niveles están en un punto histórico. En lo que va del año, por ejemplo, se han creado 512 mil empleos, la cifra más alta desde 2017, mientras que en el sexenio se han creado 4.8 millones de empleos, más que los gobiernos anteriores que solo aumentaron 3.5 y 2.6 millones, respectivamente.
A esto se suma que los salarios promedio reales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han crecido por encima del 2.0 por ciento durante 17 meses consecutivos. A su vez, el salario mínimo real ha aumentado un 90 por ciento desde el inicio de la administración actual, y ahora equivale a dos veces la canasta básica en el sector rural y 1.5 veces en el urbano.
El incremento del salario de hecho se vio reflejado cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, en donde destacó que el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue 11 por ciento más en comparación con 2020. Los mismos datos muestran que este aumento se dio principalmente en las familias de menores ingresos.
Esta situación junto a la implementación de programas sociales de hecho fue determinante en la disminución de los niveles de pobreza. En 2022 fueron unas 8.9 millones de personas las que dejaron de vivir en el umbral de pobreza, el cual pasó en 2020 de representar el 43.9 por ciento de la población a un 36.3 por ciento en 2022, como informó hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
A lo largo de la actual administración han tenido lugar diferentes eventos externos que han impactado a la economía mundial: el conflicto comercial entre China y Estados Unidos recién iniciado el Gobierno en 2019, la pandemia de la COVID-19 que mermó entre 2020 y 2021 la economía mundial, la cual nuevamente se vio afectada un año después por la guerra entre Rusia y Ucrania de 2022 y el impacto que tuvo a una cadena de suministro materias primas como de componentes ya afectada por la contingencia sanitaria.
Frente a ello, el Gobierno mexicano pudo mantener unas finanzas públicas sanas al evitar endeudarse y a rescatar a los grandes capitales durante la pandemia, además de ello sostuvo equilibrios macroeconómicos, una estabilidad financiera y un sistema bancario robusto. Las propias agencias calificadoras internacionales y diversos organismos han reconocido la capacidad del país para mantener déficits fiscales moderados, lo cual ha favorecido la sostenibilidad de la deuda pública.
De hecho, incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara al Gobierno la calificadora Fitch Ratings alertó que con su triunfo no podían “descartarse riesgos en torno a la potencialmente más lenta implementación de reformas (especialmente en el sector energía), la reorientación de la política económica hacia una mayor intervención estatal y un mayor gasto fiscal”.
Para mayo la calificadora insistió que seguirá de cerca todas las decisiones que pudieran afectar la calificación crediticia del país. No fue el único caso. Tan sólo un día después de la jornada del 1 de julio de 2018 que López Obrador ganó con 30 millones de votos, Moody’s dijo que la incertidumbre respecto a las políticas públicas, especialmente económicas, que en ese entonces preveía que instrumentaría el candidato de la izquierda podrían afectar la estabilidad de los mercados, del tipo de cambio e incluso el perfil crediticio del país.
Meses después, ya como Presidente, López Obrador aclaró que sería el combate a la corrupción y el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los hechos que responderían a estas calificadoras, de uno de varios episodios que tensaron la relación entre estos organismos y el actual Gobierno mexicano.
Casi cinco años después de esas primeras alarmas, algunas de esas calificadoras han mantenido la calificación crediticia de México con perspectiva estable garantizando el grado de inversión en el país y destacando su política macroeconómica prudente, así como sus finanzas y deuda públicas estables.
En ese sentido, las cifras oficiales muestran que la inversión pública, que había experimentado una tendencia decreciente desde 2014, ha ido en aumento, expresada como porcentaje del PIB, alcanzando en 2023 un estimado de 3.5 por ciento, su nivel más alto en seis años, en un contexto donde la deuda como porcentaje del PIB se ha mantenido estable.
A la par, ha existido un incremento del gasto en desarrollo social que alcanzó un nivel equivalente al 12.1 por ciento del PIB, 1.8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2018.
En la Deuda del Sector Público, otro indicador, los incrementos han sido menores en comparación con las dos administraciones anteriores. Al cierre de 2022, por ejemplo, la deuda como porcentaje del PIB se ubicó en 49.5 y se espera cerrar el sexenio con un nivel de 50 por ciento. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios alcanzaron un máximo histórico de 13.7 por ciento del PIB, 1.4 puntos porcentuales por arriba del dato observado al inicio de la administración.Obed Rosas | SIN EMBARGO
