En busca del Ciudadano

Enrique López Rivera


Legislar a través de ocurrencias

Legislar a través de ocurrencias


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Julio 18, 2019 03:18 hrs.
Política Estados › México Hidalgo
Enrique López Rivera › Emmanuel Ameth Noticias

En fecha reciente la legisladora local, Roxana Montealegre Salvador presentó una iniciativa para multar a los ciudadanos que no acudan a votar en el día de las elecciones. Lo anterior, contraviene un postulado básico de la democracia liberal, donde cada ciudadano decide - sin presiones ni castigos - si desea expresarse a través de un voto o si desea abstenerse de dicha facultad.

Pero más allá de los debates teóricos, la incongruencia de la propuesta tiene que ver con un desconocimiento mayor de la realidad de México y de América Latina, donde existen una serie de criterios que vale la pena precisar.

Efectivamente la obligatoriedad del voto existe en algunos países pero eso no significa que exista una sanción económica por la facultad que tiene el ciudadano de expresarse en las urnas. Dicho de otra manera, existe la obligación pero no hay una sanción aplicable. Solo en algunos casos existe la posibilidad de sanciones administrativas menores o multas poco onerosas.

¿Por qué la ambigüedad? Porque se considera que si el Estado obliga a votar a un ciudadano la esencia del voto se desdibuja. Este acto debe ocurrir dentro de un parámetro de absoluta libertad. El ciudadano en una democracia participativa tiene todo el derecho de votar por quien lo decida; o bien, si lo considera pertinente dejar de votar. Esa es la médula del sistema democrático conducir la participación política sin obligaciones, presiones ni castigos.

En la legislación mexicana existe un largo e inacabado debate sobre la naturaleza del voto. Según nuestro marco normativo el voto es un derecho y una obligación. Estos dos conceptos sueles confundir a los especialistas porque si es un derecho facultativo del ciudadano no puede ser al mismo tiempo una obligación. Esto es, nadie me puede obligar a ejercer un derecho que me corresponde como ciudadano.

Pero más allá de los postulados anteriores, lo que debería de hacer la legisladora local de Morena, Roxana Montealegre Salvador, es analizar los contundentes datos a nivel internacional que por sí mismos desechan su ocurrente propuesta. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el 85% de los países del mundo no tienen voto obligatorio. Esto es solo el 13% a experimentado con esta opción que efectivamente eleva (de manera artificial y forzada) los niveles de participación electoral.

Pero además, Montealegre Salvador, ignora los indicadores de participación electoral en el mundo. Donde la tendencia apunta a un reducido número de votantes en prácticamente todas las democracias del mundo. El abstencionismo es parte de una realidad (que nos puede gustar o no) de la política mundial.

Un ejemplo, en los Estados Unidos (la democracia más consolidada del continente junto con Canadá) la participación electoral apenas rebasa el 50%. En 2012, la participación en la elección presidencial fue de 53,6% y en 2016 llegó a 55.4%.

Esto quiere decir, que las instituciones del Estado y los órganos de representación (Cámara de Diputados y Senadores) no se debilitan ni pierden legitimidad con los datos antes referidos. Es claro que a los políticos les encantaría llegar al cargo apoyados con altos niveles de participación electoral como los de Bélgica, Turquía o Australia donde existe la obligatoriedad del voto y la participación oscila entre el 87,2%, 86,4% y 80,5% respectivamente, en las elecciones nacionales más recientes.

Pero repito, estos altos niveles de asistencia a las elecciones no representan una efervescencia cívica que garantiza el buen desempeño de la democracia. Por el contrario, solo representan una obligación que limita la facultad del ciudadano de asistir libremente a la urna.

Por tanto, la descabellada propuesta de reforma que propone Roxana Montealegre Salvador y que establece que el ciudadano deberá votar salvo causa de fuerza mayor y que en caso de incumplimiento el ciudadano se hará acreedor a una sanción económica equivalente a cinco días de salario mínimo, es un despropósito que refleja el desconocimiento en la materia de la diputada y la verdadera estatura de los asesores en el Congreso Local de Hidalgo.


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