La Procuraduría General de la República (PGR) que hasta el sexenio anterior operaba en el país para tratar los asuntos del fuero federal, se caracterizó por ser ineficiente y dar impunidad a la mayor parte de los delitos que allí se denunciaron.
Según el Censo Nacional de Justicia Federal del Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi), la institución que antecedió a la Fiscalía General de la República contó con un 98.4% de casos impunes, toda vez que en los mencionados no derivó una acción penal.
Lo anterior abonó al clima de impunidad en el país si se toma en cuenta que el 93.2% de los delitos no se denunció según la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
Así, extrapolando los datos, solamente el 0.1% de los delitos del orden federal -alrededor de uno por cada mil-, consiguió perseguirse por la vía penal.