El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha llevado al partido a perder 20 gubernaturas de las cuales dejó de gobernar el PRI en 10, ahora busca reclutar a exgobernadores, exfuncionarios y a jóvenes priistas en las filas de la dirigencia que han sido acusados de enriquecimiento ilícito.
Alejandro Moreno actualmente enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de facultades durante su Gobierno ante lo cual la Fiscalía de Campeche pidió a la Cámara de Diputados que retire el fuero así como otros políticos priistas han buscado su salida, por lo que ahora Alito conformó un equipo de funcionarios que, al igual que él, han sido investigados por enriquecimiento ilícito entre otros delitos.
’Su dirigencia ha sido fallida y envuelta en una serie de escándalos relacionados con su actividad particular donde nada tiene que ver el partido, sin embargo, dañan y lastiman el prestigio frente a la opinión de la ciudadanía en el país; y no solo dañan al partido, sino a la alianza electoral’, dijo en entrevista José Encarnación, representante de la corriente interna de opinión del PRI, que impulsa la renovación anticipada de la dirigencia antes de agosto de 2023 para, expuso, tener tiempo de prepararse para las presidenciales, ya que en junio de este año, bajo la dirección de ’Alito’, de 21 estados en juego, no se ganó en 20 y se dejó de gobernar en diez.
Y agregó que no permitirán que extienda su cargo con una prórroga, ’Él ve al partido como un botín, un espacio donde tiene la firma para repartir candidaturas a sus allegados o a quienes les establece un esquema de alianza interesada más allá del proyecto del PRI’.
Ahora que se aproximan las elecciones de 2023 para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, Moreno Cárdenas designó al exsecretario de Economía y negociador de México en el T-MEC, Ildefonso Guajardo Villarreal, como presidente de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del Consejo Político Nacional (CPN). Guajardo fue secretario de Economía en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en julio del año pasado fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que entre 2014 y 2018 aumentó de manera injustificada su patrimonio que incluye una cuenta en el extranjero con 8 169 mil pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales y que no se justifica con los ingresos que sostenía.
También nombró a Willy Ochoa Gallegos, Secretario de Organización durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones en la dirigencia nacional del partido, como Secretario de Planeación y Estrategia del CEN.
En julio inició la renovación del Comité Ejecutivo con diversos nombramientos, entre ellos, el exgobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello (Secretaría de Acción Electoral); el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz (Secretario de la Frontera Sur); el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera (Secretaría de Asuntos Religiosos); el exgobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero (Comisión de Ciencia) y el exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta (Comisión de Administración Pública).
Rolando Zapata enfrentó 31 denuncias ante la Auditoría estatal por presuntas irregularidades financieras, entre ellas, por 553 millones de pesos en las secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).
El exgobernador de Quintana Roo de 1999 a 2005, Joaquín Hendricks, que dejó al estado endeudado con obras inconclusas como la Megaescultura, también fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2006 por supuesto enriquecimiento ilícito por crear una sociedad con una empresa privada que en menos de un año logró ganancias por 70 millones de pesos por la venta de tierras en dólares en Playa del Carmen.
El exgobernador de Durango, Jorge Herrera, estuvo bajo la lupa del Gobierno sucesor panista por su presunta participación en la triangulación de recursos para las elecciones del PRI en 2016, como se documentó en Chihuahua con la ’Operación Zafiro’; y el Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, es indagado por el Gobierno guinda de Índira Vizcaíno por dejarle un alto endeudamiento que paralizó el pago de nóminas de burócratas.
El priista Salvador Jara Guerrero, exgobernador de Michoacán que habría dejado un déficit presupuestal de mil 116 millones de pesos cuando asumió la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
El ex mandatario fue criticado por llegar a tener hasta 50 escoltas, además de cerca de 50 vehículos blindados para el resguardo de su seguridad.
En 2017 Silvia Estrada Esquivel, secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, reveló que fueron presentadas 10 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría General de Justicia de Michoacán por los delitos de peculado, fraude y abuso de atribuciones de servidores públicos, contra ex funcionarios estatales del lapso del 2012 al 2015, entre ellos los dos ex gobernadores, Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero.
En el desglose que hizo de las irregularidades, la titular de la Contraloría señaló que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos del régimen de protección social en salud, y también hubo una importante suma que debía ser entregada a los 113 municipio y nunca llegaron los recursos.
También se encuentra el exgobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez quien fue acusado de participar en la Estafa Maestra, una estrategia fraudulenta mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del gobierno federal a través de universidades públicas del país.Con información de ANIMAL POLÍTICO
