El tráfico de armas desde Estados Unidos ha continuado nutriendo a los grupos criminales en México, disparando los homicidios dolosos en la última década, afirman expertos.
El papel de las armas de fuego en el país se ha incrementado considerablemente: mientras que en 2007 sólo el 15 por ciento de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, para enero-julio 2022 hay un crecimiento del 69.4 por ciento, reconoció David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información.
’E el componente por tipo de delito, de 2018 a 2021, vemos cómo en algunos delitos el uso de las de las armas de fuego tiende a ser mucho mayor que en otros’, señaló el funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En el caso de homicidios indicó que, en 2021, según datos consolidados del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP), fue del 68 por ciento, y en el caso de lesiones dolosas el 30 por ciento del total. El feminicidio, si bien es cierto es de alto impacto, en proporción sigue siendo todavía pequeño con el 0.6 por ciento.
Al participar en la conferencia ’Armas de fuego y violencia: impactos, reformas y futuro’ –del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (UIA)–, destacó el papel que tienen las armas en cada uno de los delitos y la concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego.
En esencia, dijo, en 2022 se observan tres corredores principales en el norte: Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde ha crecido de manera importante la violencia. Otro corredor todavía mucho mayor está en el centro del país, básicamente la región que va de Jalisco, Guanajuato y el centro que circunda la Ciudad de México.
Precisó que las víctimas de homicidio doloso cometidos con armas de fuego ha registrado un crecimiento entre 2015 y 2022, y llegaron a su máximo histórico en abril de 2020, y aunque ahora ’vemos una ligera reducción, todavía hay niveles elevados y se está estabilizando’, puntualizó.
Pérez Esparza subrayó que en términos de la proporción de delitos y víctimas asociadas con armas de fuego, en la medida en que se incrementa la proporción de violencia vinculada con las armas, pareciera haber un vínculo con la cantidad de armas de fuego y su correlación con la cantidad de homicidios dolosos.
Es decir, las entidades que tienden a una mayor cantidad de homicidios dolosos también tienden a una cantidad mucho más importante de uso de armas de fuego; por ejemplo, en Guanajuato, Michoacán y Baja California, ’una relación nos parece relevante’, señaló Pérez Esparza.
También la cantidad de víctimas de homicidio doloso cometido con armas de fuego se ha venido incrementando, de 58.5 por ciento en 2017 al 69.4 por ciento en 2021, ’hablamos de 23 mil homicidios ese periodo, aunque eventualmente existe una estabilización’.
Planteó que se requiere enfocar la visión en un mejor registro de armas de fuego, pues cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2 mil; algunas estimaciones hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas al año.
Mientras que la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido nueve años en general en los últimos tiempos, sobre todo por la violencia; ocho de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego cuando hace 20 años era dos de cada 10. ’Ese crecimiento nos parece muy significativo y algo que es obvio, ya que México se ubica al lado del principal productor, exportador, importador, vendedor y distribuidor de armas de fuego que es Estados Unidos’, refirió el director del CNI.
Por su parte, John Lindsay Poland –de Stop US Arms to Mexico, Global Exchange– coincidió en que a partir de 2004 los homicidios con armas en México aumentaron de manera drástica un 25 por ciento; para 2017 fue del 66 por ciento, y en 2020 y 2021, del 70 por ciento.
“Las armas de fuego en México ayudaron a que grupos criminales diversifiquen a otro tipo de delitos, como extorsiones telefónicas, por email, el cobro de piso en los hogares, o en la calle, donde es más probable que las víctimas cumplan con las demandas si hay un arma de fuego”, indicó.
Inclusive, dijo que más allá de los delitos, se observa en México otro tipo de problemas que requieren un enfoque de salud pública, como las lesiones con armas de fuego, un tema que casi no se da a conocer. Por cada 10 personas asesinadas con un arma de fuego, otras 15 son heridas, y los costos a la salud son elevados en comparación con otro tipo de lesiones. Las víctimas, en su mayoría, son hombres de entre 18 y 35 años de edad.
Una estimación de Stop US Arms to Mexico de hace dos años sobre el impacto de las armas de fuego, apuntaba que en 48 horas en México había 2 mil casos de robo con armas, 1 mil 900 armas eran usadas en intimidad o en riñas, 1 mil 400 en otro tipo de delitos, había 118 lesiones con armas de fuego, 76 homicidios, y tres suicidios, explicó el experto.
Aseguró que tanto en el flujo lícito como ilícito de armas, especialmente desde Estados Unidos a México, y sobre la exportación, uso y posesión lícita de armas los policías y militares tienen responsabilidad para asegurar armas ilícitas. “Entonces cuando hablamos de problemas de corporaciones o dependencias del Estado que tienen armas no es solamente el uso propio o el desvío de sus propias armas, también el papel que juegan en detener el tráfico y uso ilícito de armas en México”.
Lindsay Poland dijo que la importación de armas desde Estados Unidos a México en 2020 observó un enorme crecimiento con la venta de 50 mil pistolas por parte de la una empresa estadounidense a la Guardia Nacional.
En 2020 creció el porcentaje de armas importadas para uso del Estado para militares y policiales en 89 por ciento. También hubo poca producción por parte de México, donde el ejército produce armas para su propio uso, pero es muy poco comparado con las armas importadas al otro lado de la frontera.
También en México hay una producción de partes de armas que se exportan a Estados Unidos. En 2020 y 2021, sobrepasaron más de 50 millones de dólares en valor. Además, la producción y exportación de balas de México es muy grande especialmente para el mercado de Estados Unidos. Esto demuestra cómo esta industria dentro de México ha crecido desde 2017.
Cuando las armas se exportan legalmente a México pasan por la Sedena, la cual comercializa todas las armas tanto a particulares como a corporaciones policiales y empresas de seguridad. Éstas tienen que enviar certificados de los usuarios finales, los cuales siempre dicen que la misma Sedena es el usuario final.
La violencia en México no se explica sin entender lo que pasa en Estados Unidos en temas de armas y la facilidad con las que se adquieren en ese país, consideró por su parte Eugenio Weigend Vargas, del Institute for Firearm Injury Prevention (Instituto para la prevención de lesiones por armas de fuego) de la Universidad de Michigan.
“En Estados Unidos en los últimos 15 años ha habido un aumento drástico en la producción de armas, principalmente rifles y pistolas de alto calibre. Éste ha sido acompañado no sólo de una legislación muy permisiva, sino de acciones ejecutivas y decisiones de la Suprema Corte, que hacen que la permisividad de la venta circulación de armas sea mucho más fácil”.
Por ejemplo, en 2004 se derogó la prohibición de la comercialización de armas de asalto tipo AR-15. En 2005 surgió la ley que protege a la industria de armas contra cualquier demanda civil. En 2008, la Suprema Corte decidió que es legal que una persona pueda tener un arma para protección en su hogar, eliminando cualquier prohibición estatal que hacía que los estados pudieran prohibir que una persona adquiriera un arma o tuviera un arma en su hogar.
Ha habido unas una serie de decisiones federales y ejecutivas que han ayudado a atender esta problemática; por ejemplo, en 2019 hubo apoyo presupuestal para investigar la violencia con armas de fuego. Previo a esto la muerte por arma de fuego era la causa principal dentro de las 30 causas principales de muerte en Estados Unidos.
A partir de 2019 ya hay apoyos para la investigación de este fenómeno, y va a haber un poco más sobre los controles de la exportación de ciertas armas que pasaron del control de Departamento de Estado al Departamento de Comercio en 2020.
No obstante, una serie de leyes y decisiones de la Suprema Corte han facilitado la producción y posesión de armas en Estados Unidos, lo cual no se entiende sin el gran poder de cabildeo que tiene la Asociación Nacional del Rifle (ATF) que ha aportado mucho dinero a las campañas.
Ahí radica la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y el impacto que ha tenido en ese país, donde al día mueren más de 120 personas a causa de las armas de fuego y 210 son heridas de bala; más de 1 mil 100 personas son amenazadas con armas de fuego, y hay un tiroteo masivo diario, aseguró Weigend Vargas.
La laxitud de las leyes en Estados Unidos permite y facilita el tráfico de armas. Más de 300 mil armas son robadas al año en ese país. La ATF inspecciona menos de 10 por ciento de las armerías federales, significa que armerías pueden perder su inventario, reportarlo como robado sin que realmente se verifique ni se haga ningún tipo de inspección.
Al año hay más 1 mil 400 tianguis ambulantes donde la gente puede ir a vender armas y en donde la mayoría de los casos no se requiere ningún tipo de pregunta, ni de revisión para el que quiera adquirir un arma de juego.
Por supuesto, el impacto del tráfico es internacional, sobre todo en la región de Centroamérica, Canadá, el Caribe, y en el caso de México es bastante clara una correlación que hay entre la producción de armas de fuego en Estados Unidos y los homicidios en México.
El experto dijo que hay dos riesgos importantes en Estados Unidos: el incremento de armas fantasma, como parte del aumento en la producción en los últimos años en partes y componentes para fabricarlas en hogares, o donde sea. Y la radicalización de la Suprema Corte de Justicia, quien toma las decisiones que debilitan leyes estatales, como las leyes en California, que es un estado que prohíbe las armas de asalto.
Por eso en Estados Unidos es un fracaso la política que se ha instrumentado sobre el acceso a las armas ciudadana como defensa y como reducción al crimen.
Nicole Huete, de Intersecta, una organización feminista que lucha para erradicar la discriminación en México, destacó que entre 2000 y 2006 tres de cada 10 asesinatos de mujeres implicaban armas de fuego. Era más común que a las mujeres las asesinaran dentro de sus casas y por métodos como asfixia o arma blanca. Sin embargo, a partir del cambio en la estrategia de seguridad pública también cambió la forma en la que matan a las mujeres.
Ahora, seis de cada 10 mujeres asesinadas mueren por impactos de armas de fuego, y hay estados como Colima o Guanajuato donde son ocho de cada 10.
David Pérez Esparza adelantó que se elabora un proyecto de ley general de Registro Nacional de Armamento y Equipo (Renae), para mejorar el registro y control de armas de fuego que hay en el México.
“Queremos poner orden en la casa porque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2010 estipula la existencia de un Registro Nacional de Armamento y Equipo; sin embargo, actualmente no existe. Por ello, se trabaja con las fiscalías, secretarías de seguridad, la Sedena, para contar con un inventario centralizado y ágil sobre las armas de fuego con que cuentan las instituciones de seguridad pública del país”.
Indicó que si bien es cierto que la Sedena tiene ciertos controles de armas, se plantea con este registro saber día a día dónde se encuentran las armas y qué autoridad está en posesión en específico de cada una de las armas en tiempo real.
A través del Renae se quiere garantizar la trazabilidad de las armas de fuego bajo dos modalidades que existen en la ley: las licencias oficiales colectivas, que tienen cada uno de los estados, para las policías estatales, municipales y las fiscalías, y las licencias particulares colectivas, que tienen que ver con seguridad privada en general.
Se planea centralizar la información sobre las armas aseguradas y decomisadas en todo el país, porque hay momentos de la cadena donde no se tiene control absoluto de quién tienen cada una de las armas. Al final, la Fiscalía General de la República (FGR) es la que termina teniendo el repositorio final de las armas.
El Renae es esencialmente el seguimiento de todos los movimientos que tienen las armas oficiales y particulares, con el objetivo de favorecer la judicialización de los datos y tener mayor inteligencia sobre cómo funcionan la distribución, despliegue, y evitar la pérdida, extravío y la corrupción que pueda estar asociada con el desvío de armas.José Reyes | CONTRALÍNEA
