La Secretaría de Relaciones Exteriores de México denunció que es latente "el hostigamiento e intimidación" contra su Embajada y Residencia Oficial en Bolivia, en particular "contra el personal acreditado y contra las personas que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano" en ese país.
La Cancillería recuerda que el asilo "se enmarca en el ejercicio" de su soberanía y es congruente con su política de derechos humanos. Por lo tanto, el país "hace valer este derecho" a las nueve personas que se encuentran bajo su protección en la misión diplomática en La Paz, incluidos los cuatro individuos que tienen órdenes de aprehensión, que -subraya el comunicado- fueron notificadas a la Embajada mexicana después del otorgamiento de los asilos.
México desea continuar con el procedimiento iniciado con el Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano para la obtención de los salvoconductos para los asilados, e insiste en mantener los canales diplomáticos abiertos, indica la Secretaría.
"El Gobierno de México reitera su exigencia al Estado Plurinacional de Bolivia para que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento", concluye el comunicado.
Previamente, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Efraín Guadarrama, denunció que la amenaza actual de ingreso de la Policía de Bolivia a la Embajada mexicana en La Paz "no tiene precedente".
El comandante departamental de la Policía de La Paz, William Cordero, exigió este martes a México que entregue a los exfuncionarios y legisladores afines al presidente depuesto, Evo Morales, que permanecen en la sede diplomática en La Paz tras el golpe de Estado y la posterior persecución del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México denunció el "hostigamiento" tanto a su Embajada como a la residencia oficial por parte de cuerpos de seguridad y de Inteligencia bolivianos. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería pidió a la comunidad internacional que siga condenando la intimidación de la que están siendo objeto los funcionarios mexicanos, en lo que califica de "flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".
"Actualmente existe un cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos; agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México [María Teresa Mercado] y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales", denunció la Cancillería.
Entre los exfuncionarios refugiados en la sede diplomática de México que tienen denuncias por parte del Gobierno de facto de Jeanine Áñez figuran: el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el de Defensa, Javier Zavaleta; el de Justicia, Héctor Arce, y el de Culturas, Wilma Alanoca.
El 22 de noviembre, el Ejecutivo de facto presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal en contra del exministro Juan Ramón Quintana por supuestos delitos de sedición y terrorismo.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reconoce a Jeanine Áñez como mandataria del Estado Plurinacional de Bolivia. De hecho, México ofreció asilo político a Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra. Actualmente, el presidente depuesto vive refugiado en Argentina, en donde prepara el camino para el próximo candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales del 2020.
