La madrugada del viernes, los diputados de Morena y aliados aprobaron por mayoría en la Cámara de Diputados la iniciativa a la Reforma a la Ley Minera, donde ahora reducirán el tiempo de las concesiones de un plazo de 100 años pasarán a 30 años.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada con 251 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 209 en contra del PRI, PAN, PRD y MC y una abstención.
La reforma permitirá que el Gobierno otorgue concesiones de minas solamente mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
La propuesta votada en lo general y que se discute aún en lo particular, reduce de 100 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de realizar solamente una prórroga más por un término de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.
’Las concesiones mineras tendrán una duración de 30 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, de los cuales, los primeros cinco se destinarán a actividades preoperativas’, señala la propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley Minera.
Esta prórroga, señala, deberá ser solicitada dentro de los dos últimos años y hasta un año antes del término de su vigencia y deberán contar con las autorizaciones y permisos necesarios para su operación, así como con la concesión de agua para uso industrial en la minería vigente.
La iniciativa de modificaciones a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos plantea recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo para combatir los abusos de algunos privados en la explotación de los bienes de la nación.
El legislador Joaquín Zebadúa de Morena denunció que las mineras evaden impuestos por 19 mil millones de pesos (más de 1 mil 55 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1mil 600 concesiones en áreas naturales protegidas.
Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, apuntó que el 62 % de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55 % no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
De aprobarse la reforma en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
La iniciativa enviada al Senado señala que las concesiones mineras se deben cancelar en caso de no realizar oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos, por no presentar los informes a que está obligada la persona concesionaria por dos años consecutivos; por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año.
La iniciativa considera también la cancelación de las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública, obligando a informar sobre accidentes o incidentes graves en esta materia.
Condiciona además la concesión minera a la disponibilidad hídrica y en su caso a la concesión de agua para minería que obtenga previamente, atendiendo al espíritu de la Constitución en esta materia, que da prioridad al uso humano y doméstico del agua.
Establecen la obligación de las personas concesionarias para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua y, en su caso, la restauración del recurso hídrico.
En la discusión de casi cinco horas, Morena y sus aliados rechazaron las reservas de las bancadas de oposición, como ordenar que 10% de los impuestos a las empresas mineras fueran destinados para mejorar la infraestructura de las comunidades cercanas a las minas.
Solamente fue aceptada la reserva de la morenista Irma Juan Carlos, la cual garantiza la realización de consultas a las comunidades y pueblos indígenas, y el costo de éstas deberá ser cubierto por la persona física o moral que solicite la concesión.Con información de EFE | REUTERS
