Elesidente peruano Martín Vizcarra informó este miércoles la muerte del ex mandatario Alan García, quien se disparó un tiro en la cabeza en su dormitorio cuando la policía se aprestaba a detenerlo por supuesto lavado de activos ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
García estaba herido de gravedad por un proyectil de arma de fuego de entrada y salida en la cabeza, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud.
El ex mandatario ingresó al hospital limeño ’Casimiro Ulloa’ a las 6:45 a.m. (local) y a las 7:10 (local) fue trasladado a la sala de operaciones donde un equipo de 27 especialistas no pudo controlar una fuerte hemorragia provocada por la herida.
El ex mandatario, de 69 años, enfrentó tres paros cardiorrespiratorios durante la cirugía, de acuerdo con el director del hospital, Enrique Gutiérrez.
La descripción oficial de lo que ocurrió la dio el ministro del Interior, Carlos Morán.
El funcionario explicó en conferencia de prensa que cuando el equipo fiscal ingresó junto a la policía al primer piso de la mansión del expresidente, García -que se encontraba en el segundo piso- indicó ’que iba a hacer una llamada a su abogado, ingresó y se encerró’ en su dormitorio.
’A los pocos minutos se escuchó un disparo’, dijo Morán. Cuando la policía ingresó al dormitorio de García lo ’encontró en posición de sentado’ bañado en sangre.
Los periodistas locales que se encontraban en los exteriores de la casa de García, en el barrio de Miraflores, vieron salir a una camioneta donde iba el expresidente.
El ministro del Interior indicó que de inmediato se suspendieron todas las diligencias judiciales y se trasladó ’sin perder tiempo’ al exmandatario al hospital.
Según la orden judicial obtenida por The Associated Press el juez Juan Sánchez había ordenado arrestar a García y allanar su casa para obtener documentos que pudieran servir para la investigación desarrollada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
El magistrado también ordenó detener a otras ocho personas, entre ellas dos ex ministros del gobierno de García.
De acuerdo con la fiscalía el ex presidente habría recibido unos 100,000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García realizó en 2012.
A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Su pedido fue rechazado por el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez. Desde entonces vivió vigilado por la policía porque prohibido salir del país por 18 meses.
El ex presidente gobernó Perú en dos oportunidades. La primera vez entre 1985-1990 y dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Luego volvió al poder en el periodo 2006-2011.
García, quien como pocos tuvo una segunda oportunidad para enmendar los graves errores de su primer mandato, llevaba la política en las venas.
Su padre, Carlos García, también militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) al igual que millones de peruanos, fue perseguido y detenido en la década de los cincuenta y eso marcaría al joven Alan García para siempre.
En su juventud fue preparado por Víctor Raúl Haya de la Torre para asumir el liderazgo de Apra, un partido fundado a inicios del siglo XX que tiene marcados fuertemente los postulados de la revolución francesa y que ha sobrevivido a las persecuciones de parte de gobiernos militares y civiles.
García estudió Derecho en Lima y España y Sociología en la Sorbona, Francia, y retornó a fines de la década de 1970 a Perú para participar en una Asamblea Constituyente. En 1979, al morir Haya de la Torre, fue consolidándose en la dirección del partido apenas entrado en sus 30 años.
En su marcha ascendente en la política García ganó las elecciones presidenciales en 1985 con apenas 36 años en medio de un respaldo popular masivo, que lo llamó "el presidente de la esperanza", con discursos intensos en los que criticaba la expansión neoliberal de esa década.
Alimentado por el gasto estatal, los aumentos salariales y los controles de precios, las políticas proteccionistas de García crearon un aparente bienestar económico. Limitó los pagos de la deuda externa al 10% de las exportaciones, lo que transformó a Perú en un paria para las organizaciones internacionales de crédito.
El erario se vació pronto, los créditos se detuvieron y los inversionistas extranjeros salieron del país.
Las huelgas por demandas salariales se multiplicaron en tanto se disparaba una inflación que superó el 1,000% y la producción nacional se paralizó.
En 1987 el repudio popular iba en aumento al igual que los ataques de Sendero Luminoso, que afectaron a todo el país y a zonas residenciales de la clase media y alta de Lima, mientras morían asesinados ministros y funcionarios en ataques terroristas.
Deprimido por su popularidad de apenas 9% García ofreció la presidencia a su vicepresidente de 88 años, Luis Alberto Sánchez. Pero el traspaso de poder no se produjo y concluyó su mandato de cinco años en 1990 dejando al país en la ruina económica.
Al terminar su gobierno apoyó la candidatura presidencial de un postulante independiente y desconocido hasta ese entonces, Alberto Fujimori, para evitar que el novelista Mario Vargas Llosa, rival y crítico tenaz, ganara los comicios.
Fujimori ganó las elecciones pero pagó mal a García, al que persiguió con ferocidad con acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos públicos.
En 1992 Fujimori disolvió el Congreso, suspendió la constitución y envió tropas a la casa de García, quien fue advertido a tiempo.
"Subí por las escaleras buscando mis pistolas. Tenía dos con nueve balas cada una y disparé las 18 balas al aire mientras ellos se preparaban para derribar la pared del estacionamiento de mi casa con un pequeño tanque y trepaban las ventanas", relató el ex mandatario.
García huyó escalando una pared de su casa y pasó por los techos de cinco viviendas vecinas hasta llegar a una construcción donde se refugió hasta ser conducido a la embajada de Colombia, la cual garantizó su salida de Perú.
En su exilio compartió tiempo entre Colombia y París, donde su esposa y sus hijos residieron, hasta que en el año 2000 el gobierno de Fujimori se desmoronó en medio de escándalos de corrupción. García pudo retornar a Perú en 2001 luego que la justica desestimó por falta de evidencias las acusaciones en su contra.
Tras su retorno, García entró de inmediato a la política a buscar el voto para un segundo período al admitir que cometió graves errores durante su primer mandato. Pero los votantes prefirieron apoyar a Alejandro Toledo.
Notoriamente más maduro, se postuló nuevamente a la presidencia para derrotar al nacionalista Ollanta Humala, con una propuesta de apertura al libre mercado y haciendo un mea culpa de sus errores durante su primer mandato. Asumió en julio de 2006 confiado en hacer mejor las cosas.
De inmediato anunció medidas para reducir el gasto público y recortó su salario al igual que el de los principales funcionarios del Estado, entre ellos los congresistas.
Su segunda gestión concluyó en 2016 con notables logros macroeconómicos los cuales después se vieron empañados por acusaciones de presunta corrupción ligadas a Odebrecht.
Le sobreviven sus seis hijos, su madre Nita Pérez y su pareja Roxanne Cheesman.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht.
Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición y Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.
En tanto, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado la noche del martes a una clínica privada desde la celda donde cumple 10 días de arresto debido a un cuadro de presión arterial alta.
El exmandatario también afronta una investigación por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a Odebrecht.
Para el miércoles estaba programada una audiencia judicial para decidir si se aumentaba o no la detención de Kuczynski, de 80 años, a 36 meses mientras es investigado.
Odebrecht está en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina después de admitir en 2016 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.
