Este jueves, madres y padres de los 43 normalistas exigieron que todas las autoridades que participaron para realizar la "verdad histórica", incluyendo Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, deben ser investigados y procesados.
’Nosotros creemos que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la ‘verdad histórica’ se tienen que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse’, subrayó Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, señaló:.
El abogado y los padres insistieron en que "ya ha quedado acreditado que hubo una reunión de autoridades donde se decidió crear la verdad histórica", por lo que la exigencia puntual es que todas las autoridades que estuvieron en la junta sean investigadas.
El abogado y los padres han presentado evidencia que respalda la existencia de una reunión de autoridades en la que se tomó la decisión de establecer una verdad histórica. A raíz de esto, están solicitando que todas las autoridades que estuvieron presentes en dicha reunión sean investigadas, incluyendo al entonces presidente de l República Enrique Peña Nieto.
’En virtud de que hubo una junta de autoridades donde participó Enrique Peña Nieto, estamos pidiendo que se abra una investigación penal, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el Presidente’, agregó frente a los medios de comunicación.
’Desde este micrófono exigimos que se abra una investigación contra el Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] por haber sido la máxima autoridad, [el exprocurador de Justicia, Jesús] Murillo Karam no pudo haber actuado sin la instrucción de una autoridad’, destacó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres.
La "junta de autoridades" a la que se refiere el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, estaba compuesta por varias figuras importantes del gobierno, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón, el titular de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam, entre otros.
Los padres y el abogado han señalado que sería una contradicción si únicamente se investiga y se toman acciones legales contra Jesús Murillo Karam por su participación en la construcción de la "verdad histórica", y no se hace lo mismo con las demás autoridades que estuvieron involucradas en este proceso.
La participación de la mencionada "junta de autoridades" implicó la construcción de la "verdad histórica" en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Según esta versión, se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, posteriormente fueron privados de la vida, incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados al Río San Juan desde el puente.
Las madres y padres de los normalistas desaparecidos han respaldado el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ). Además, celebran que en dicho informe se señale directamente al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano. También destacan la importancia de retomar datos relevantes como los mensajes de Chicago que vinculan a militares con el crimen organizado y el tráfico de drogas.
’El informe presentado el día de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita, pues no retoma estos seis aspectos [que reclamamos] y, sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica’, indicaron desde el plantón instalado en el exterior del Campo Militar Número 1.
Los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa han exigido a las autoridades que cumplan con la nueva instrucción presidencial de solicitar al Ejército la información requerida. También demandan una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel mencionadas en el informe por ser responsables de la "verdad histórica".
Además, solicitan al Gobierno que cumpla las recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), especialmente en lo que respecta a la entrega de documentos relevantes del Ejército mexicano para esclarecer el caso.
Según el Subsecretario Alejandro Encinas, la desaparición de los 43 normalistas fue un "crimen de Estado" liderado por el expresidente Peña Nieto. El informe también confirma la participación de autoridades federales, estatales y municipales. No se encontró evidencia de vínculos de los estudiantes con grupos delictivos.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se atribuye principalmente al grupo criminal Guerreros Unidos, en complicidad con autoridades y policías municipales y federales. Se han planteado tres hipótesis para explicar la desaparición: confusión entre grupos criminales, represalia del alcalde y posible implicación del tráfico de drogas en los camiones tomados por los estudiantes.
En tanto que la narrativa del Gabinete de Seguridad, presentada a los padres y madres el pasado viernes, proponía tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.
La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal ’Guerreros Unidos’ debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de ’Los Rojos’, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el Palacio Municipal de Iguala. Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.
Las familias de los jóvenes desaparecidos han acusado que la nueva narrativa se asemeja a la "verdad histórica" y que se criminaliza a los estudiantes al sugerir su vínculo con el tráfico de drogas y la presencia de estupefacientes, armas y dinero en los autobuses tomados por los normalistas.Sugeyry Romina Gándara | SIN EMBARGO
