Apenas cinco días después de que iniciaran los trabajos entre la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Hidalgo y el personal de la Secretaría de Finanzas Públicas, el pasado 31 de julio, 21 de los 30 Diputados aprobaron en la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, sede alterna del Congreso, el proyecto de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública del estado de Hidalgo.
Este madruguete legislativo, no sólo ocurrió en Hidalgo, sino también en varios de los 20 congresos locales en los que Morena tendrá mayoría los siguientes tres años, como Veracruz, Morelos, Estado de México, Puebla, Sinaloa, entre otros.
Además de nombramientos y medidas de protección y blindaje para el Poder Ejecutivo en Hidalgo y el Estado de México, se aprobó, alargar el pago de la deuda pública más allá de periodos gubernamentales en turno. De esta manera, se autorizó al Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Gobernador y la Secretaría de Finanzas Públicas, refinanciar y reestructurar la deuda pública de la entidad, que asciende a 5 mil 169 millones 902 mil 159 pesos.
Según los argumentos de los diputados, que tuvieron menos de una semana para analizar el proyecto, con esta medida se logrará generar ahorros al gobierno por un monto de 800 millones de pesos, mejorar las tasas de interés de los cinco créditos por pagar y alargar el pago de los mismos de 15 años a 20 años.
Sin embargo a los ciudadanos de a pie nos surgen muchas dudas. Un especialista seguramente podrá explicarnos., pero es obligación de los 21 diputados del Congreso Local que votaron a favor explicar a los hidalguenses ¿en qué consiste esa reestructura y por qué se aprobó con tanta celeridad?
Porque uno de los riesgos latentes con la reestructuración, es que se comprometan las participaciones federales o recursos propios, que pudieran ser aplicados en obra pública, seguridad, educación y salud. El ejemplo son entidades como Durango y Coahuila que con grandes reestructuraciones de la deuda estatal, condenaron a sus administraciones a erogar miles de millones de pesos anuales al pago correspondiente, e incrementaron la deuda aún más de lo que se debía antes del mencionado proceso.
Si bien las y los nuevos legisladores podrán revertir a partir del 1 de septiembre las reformas legales, lo de la reestructuración y refinanciamiento de la deuda dependerá del momento de la firma de los nuevos contratos.
EL albazo legislativo ocurrido el 31 de julio dejó entrever nuevamente como la falta de transparencia legislativa y el servicio a los intereses de partido deja al descubierto la debilidad y servilismo de nuestro sistema político.
