El Gobierno de Ciudad de México (GDF) volvió a entregar la operación y el mantenimiento de los sistemas de fotomultas a una empresa privada, luego de que en diciembre pasado ya habían concluido los dos contratos firmados con las compañías Autotraffic e Inteltráfico que durante más de dos años los operaron.
Para ello, el gobierno cambió el nombre de los sistemas de ’fotomultas’ y ’cinemómetros (radares)’, como se denominaban antes, por el de ’infracciones automatizadas’, y las licitó en un solo contrato que obtuvo Inteltráfico, la misma empresa que en los últimos dos años ya había operado los radares.
Como ganancia, Inteltráfico recibirá 220 millones de pesos producto de más de dos millones de infracciones que la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad de México (SSP) estima que se apliquen en todo 2018.
La existencia de este contrato (y su licitación) fue corroborada por Animal Político tras obtener copias de los mismos vía solicitudes de transparencia a SSP, luego de que el GDF no había hecho anuncio público de este cambio. De hecho, la administración capitalina había difundido la idea de que ’las fotomultas’ ya no tenían intervención privada.
El tema ha estado presente en toda la campaña electoral por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El propio exjefe de Gobierno y hoy candidato a senador, Miguel Ángel Mancera, dijo una entrevista el pasado 4 de abril en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, que el contrato ya había terminado cuando el periodista le preguntó su opinión sobre la propuesta de la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de ’cancelar los contratos sobre fotomultas’.
Mancera dijo: ’El contrato ya se acabó… No sé qué contrato es el que vayan a terminar porque el contrato se terminó ya hace un buen rato. Eso es algo que hemos venido repitiendo pero no lo han querido escuchar’
Sin embargo, casi dos meses antes de esa declaración, el gobierno de Mancera ya había firmado el nuevo contrato con Inteltráfico para la operación y mantenimiento de estos sistemas. Es el contrato número SSP/BE/S/067/2018 firmado el 7 de febrero entre la SSP e Inteltráfico.
Animal Político solicitó oficialmente a la SSP, a través de su Dirección de Comunicación Social, una postura sobre los motivos por los cuales se volvió a licitar el funcionamiento de este sistema y como se estimó el número de infracciones, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Dos contratos en uno… con distinto nombre
De 2015 a 2017 los sistemas de multas con fotografía en Ciudad de México operaron a través de dos contratos distintos. Uno fue con la empresa Inteltráfico y el nombre del contrato fue ’subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad’. El otro fue con Autotraffic con el contrato denominado ’subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas.’
Ambos contratos fueron transparentados en 2016 por la SSP, tras la polémica por la revelación de que más del 40% del pago de cada multa se iba a las compañías privadas. Las autoridades negaron que se tratara de una cuota y sostuvieron que solo era una contraprestación por el servicio, y que los equipos utilizados pasarían a ser propiedad del gobierno al terminar la vigencia de los contratos.
En diciembre de 2017 los contratos concluyeron y, en efecto, los equipos pasaron a manos del gobierno. Este portal intentó vía solicitudes de transparencia que la SSP que informara sobre nuevos contratos en 2018 relacionados con el funcionamiento de las ’fotomultas’ o ’cinemómetros’. La dependencia dijo que ’atendiendo la literalidad de la pregunta’ ellos no existían.
Pero luego se solicitó por transparencia las bases y resultados de la Licitación Pública Nacional LPN-30001066-000-17 anunciada en enero en la Gaceta Oficial, titulada con un nombre distinto: ’Servicios subrogados para la sistematización de infracciones automatizadas con dispositivos propiedad de la secretaría de seguridad pública de la Ciudad de México, así como su mantenimiento evolutivo y de operación’.
Agotados al máximo los plazos legales y tras clasificar por 3 años como reservados los anexos técnicos, la SSP entregó a Animal Político una versión pública de la licitación y del contrato en donde se confirma que el mismo fue entregado a Inteltráfico.
El contrato (sin los anexos) no menciona en alguna parte el nombre ’fotomulta’ o ’cinemómetros (radares)’. Tampoco incluye ya el concepto de un porcentaje de pago de la multa como una contraprestación.
En cambio señala una ’cantidad proyectada’ de 1 millón 973 mil 224 infracciones locales con un precio unitario fijado por la empresa de 95 pesos para la SSP, y otras 100 mil infracciones por ’carril confinado’ con un precio unitario de 17 pesos. La suma del costo de cada infracción que se estima aplicar da como resultado los 219 millones que recibirá Inteltráfico de la SSP.
Aunque se llama distinto, el contrato otorgado este año a Inteltráfico trae clausulas idénticas a la de los dos contratos anteriores de radares y fotomultas. Por ejemplo: el apartado que indica que es responsabilidad de la empresa ’la dispersión de las boletas de infracción’ (o sea de las multas que llegan a la casa).
También son idénticas las cláusulas que refieren que la empresa es responsable de proporcionar los equipos de procesamiento ’central’, ’información’ y ’almacenamiento’, así como de proteger ’los datos personales’ a los que tiene acceso.
Además, cuando se revisan a detalle documentos complementarios al contrato se comprueba que se trata de los mismos dos sistemas que antes estaban separados.
Por ejemplo, en el documento de las bases de la licitación LPN-30001066-000-17 se establece, en la página 42, que el número de equipos susceptibles de recibir mantenimiento son ’67 detectores de velocidad’ (que son los radares), y ’58 equipos detectores de conductas específicas’ (que son los que antes manejaba Autotraffic).
En el documento del fallo de esa misma licitación se establece que uno de los requisitos que tuvo que cumplir Inteltráfico fue contar con un ’centro de procesamiento’ que, entre otras cosas, procesara ’las imágenes’ levantadas por los equipos y garantizara a su vez al seguridad de las ’imágenes captadas’ y del protocolo para enviar la información. También se pedía contar con vehículos para el mantenimiento de los dispositivos y sistemas de comunicación.
No es todo. En el documento de la SSP en el cual justifica la negativa a proporcionar a Animal Político los anexos técnicos del contrato, la propia dependencia revela que se trata de datos sensibles relacionados con la ’operación de los dispositivos fijos para monitoreo y captación de posibles infracciones’ como exceso de velocidad, vueltas prohibidas, etc, o de claves para generar las boletas de infracción.
Licitación en lo ’oscurito’
Inteltráfico ganó el contrato aunque inicialmente no había ofertado el precio más bajo. Lo anterior después de que ocurriera un apagón que interrumpió durante un día el proceso.
De acuerdo con el Acta de Lectura de Dictamen y Emisión de Fallo de la mencionada licitación, fechada inicialmente el 6 de febrero, en este proceso participaron dos compañías: Inteltráfico S.A. de C.V. y Teclo Mexicana S.A. de C.V. Ambas cumplieron con los requisitos técnicos y con la obligación de tener en funcionamiento centros de procesamiento para el manejo de las infracciones automatizadas.
Se procedió entonces con las propuestas económicas, en donde había la posibilidad de ofertar hasta en dos ocasiones precios más bajos. Inicialmente Inteltráfico propuso recibir de la SSP un pago de 571 millones de pesos, casi el doble de lo que propuso su competencia: 283 millones. Esto se debió a que Inteltráfico contempló una tarifa separada por la emisión de un concepto denominado ’infracción foránea’ que su competencia no.
Luego, en el primer turno para ofertar precios más bajos, Inteltráfico eliminó el cobro foráneo y redujo su propuesta hasta los 226 millones, al estimar que la SSP debía pagarles 98 pesos por infracción. Sin embargo Teclo Mexicana puso sobre la mesa una oferta más atractiva por 223 millones, al fijar en 97 pesos el pago unitario por infracción.
A punto de que iniciara el segundo y último turno para ofertar precios el proceso… se interrumpió. Así lo describe el acta:
’se procedió a la elaboración de los formatos para iniciar la segunda y última ronda (…) momento en el cual hubo una falla en el suministro de energía eléctrica en diversas área de la Dirección de Transportes, incluida esta sala de juntas (…) motivo por el cual se realizó un receso de 50 minutos’.
Pero después de los 50 minutos tampoco regresó a luz, por lo que el proceso se realizó hasta el día siguiente, es decir el 7 de febrero. Y fue en esa última ronda donde Teclo Mexicana volvió a bajar su oferta a 96 pesos por infracción (221 millones en total) pero Inteltráfico ofertó 95 pesos (219 millones).
La SSP inmediatamente decretó ganadora a Inteltráfico y ese mismo día se firmó el contrato.
Polémica empresa
De acuerdo con los datos asentados en los contratos, Inteltráfico es una empresa constituida en 2013. Solo dos años después obtuvo el contrato multianual para la operación de los radares en CDMX (que concluyó en diciembre pasado) por un monto de 315 millones, superior incluso al de Autotraffic.
Su sede fiscal se encuentra en avenida Inglaterra 2968 en Guadalajara, Jalisco. Lo que hay en dicho sitio, según constató este portal, es un local con una fachada blanca desgastada y carcomida en un costado, y con un letrero que dice ’Inteltráfico’.
La SSP reveló hace unos días el total del monto recaudado por las multas del sistema que operaba Autotraffic, sin embargo, de lo obtenido por los radares que operaba Inteltráfico no ha habido comentarios.
Inteltráfico ha estado envuelta en procedimientos irregulares en el pasado. Por ejemplo. En junio de 2015 la empresa había obtenido un primer contrato para operar radares en CDMX pero éste fue anulado, luego de que la Contraloría capitalina concluyó que la SSP había descalificado injustificadamente a otra empresa que contendía por el mismo contrato. Al final la SSP de todas formas se lo otorgó a Inteltráfico.
El año pasado la Contraloría de San Luis Potosí dijo que investigaba un pago de 25 millones de pesos injustificado a esta empresa por infracciones que nunca se ejecutaron. Posteriormente se informó del inicio de la interposición de una denuncia formal por este hecho.
