En Busca del Ciudadano
Enrique López Rivera
Una de las dádivas que otorgó el gobierno durante años fue la entrega indiscriminada de placas de transporte público. Esa recompensa por los favores recibidos a líderes, ex políticos y funcionarios tuvo un efecto negativo en el parque vehicular de la capital hidalguense donde la proliferación del transporte público ha llevado a la anarquía vial.
No sólo se trata de una práctica generalizada por las administraciones pasadas sino que se hizo con tanto desdén que los verdaderos transportistas ahora quedan al margen de los grandes acaparadores amigos de la clase política.
Bajo este esquema, la noble actividad referida se encuentra en un mal momento. Porque la desmedida entrega terminó por saturar el mercado. Ahora solo quedan taxis viejos, camionetas que se atropellan entre ellas tratando de ganar pasajeros y una Secretaría de Movilidad y Transporte que observa con pasividad tanta irregularidad.
Con estos antecedentes, no extrañó a nadie que bajo la acertada iniciativa de transparentar la lista de concesionarios en el estado de Hidalgo, se encontraran entre los beneficiados nombres conocidos de la clase política y otros amigos del poder local.
Esta moneda de cambio cobra factura ahora que otro fracaso de movilidad invade las calles de Pachuca. El caso del Tuzobus que lejos de solucionar el problema de transporte de los capitalinos muchas veces lo agrava y entorpece.
Las medidas que se tienen que realizar para regular el transporte público en el estado de Hidalgo pasan necesariamente por eliminar mucha de la ancestral corrupción que se acentuó en ese ramo.
Era práctica común – y la lista de concesionarios así lo demuestra – alentó a que se dieran permisos a personas sin ningún antecedente en el ramo. Lo que trajo como consecuencia que se solicitaban los servicios de un conductor y el negocio empezaba a generar ganancias.
Eso perjudicó a todos porque muchos operadores no tienen el nivel de expertiz requerido y ponen en riesgo la vida de los pasajeros y de los demás conductores de la ciudad. No sólo eso, también algunos vehículos trabajan en malas condiciones provocando contaminación atmosférica.
¿Por qué ocurre esto? Porque la autoridad no puede hacer mucho. Son tantas las concesiones de transporte público y tantos los intereses que hay de por medio que se utiliza el criterio más conveniente, un buen arreglo económico para las partes.
En pocas palabras, no se puede regular el transporte público porque desde años opera al margen de la ley. Y lo peor, es que el propio gobierno propició esa condición. Al darle una categoría de caja chica a las concesiones.
Ahí, por tanto, se encuentran los amigos que dieron su apoyo incondicional al PRI, los que trabajaron con sueldos míseros durante años pero al final fueron recompensados con algún permiso, lo que vieron pasar carretonadas de dinero y otros actos de corrupción y pusieron precio a su discreción negociando una concesión, etc.
Por eso el transporte tiene ese mal de origen, porque ahí se fomentó el acaparamiento y la ambición desmedida. Por eso mismo, el ahora gobernador decidió exhibir a los que cometieron esos latrocinios sabiendo que al final de su administración no quedará nada por repartir. De tal manera, que prefiere evidenciar a los antecesores antes que cargar con una losa que no es la suya.