Con los votos de 21 de los 27 diputados presentes en el pleno del Congreso, Alicia Medina Castelazo se convirtió en la nueva Fiscal Anticorrupción de Hidalgo, quien a su llegada mandó un rotundo ’Tengan cuidado si son corruptos’.
Pero la frase, esperanzadora para aquellos que buscan un alto a la impunidad, podría no cumplirse al menos durante los 5 años que dura su encargo si atendemos que el juez por su casa empieza.
Primero porque Medina Castelazo es viuda de Willy Jonguitud Falcón, familia cercana a Jesús Murillo Karam.
En los videos sobre la aprehensión de Jesús Murillo por ejemplo, se aprecia a Alberto Jonguitud, su cuñado, acompañar a las autoridades para el traslado del exprocurador.
Alberto Jonguitud no sólo es director de la Escuela Intermédica -propiedad de los Murillo- sino que como médico de cabecera de la familia, actualmente busca otorgar argumentos en la materia para que el también exgobernador de Hidalgo goce de una medida precautoria distinta a la prisión preventiva.
Hasta aquí podría decirse que nadie escoge a su familia, pero allí no acaba el asunto.
Y es que en segundo lugar, Medina Castelazo es proveedora del Gobierno de Hidalgo, condición que no informó en su solicitud para ser contemplada como Zar Anticorrupción, pues existe un claro conflicto de interés del que no ha hablado y sobre el que los legisladores seguramente no estuvieron informados.
Por lo menos desde octubre del 2018 y hasta diciembre de este 2022, arrenda el inmueble ubicado en la calle Tiro Tula 105, Real de Minas, lugar donde se encuentra el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo (ICEH).
El contrato actual vence el 31 de diciembre 2022, del cual se espera que no sea renovado, con fines de congruencia, a menos que renunciase al cargo.
El inmueble adjudicado de manera directa en el gobierno de Fayad, propiedad de Medina Castelazo, se encuentra en una superficie de 90 metros cuadrados y recibe por el mismo, en la actualidad, una renta de 58 mil 211.98 pesos.
Así, cada uno de los 4 niveles que lo componen -incluyendo la planta baja- es arrendado por 14.5 mil pesos, estando a sobreprecio atendiendo el lugar donde se encuentra ubicado.
Atizos
Hablando sobre el Instituto Catastral (ICEH), no vendría mal una investigación sobre el contrato EA-913003989-N332-2022, donde con motivo de un “Proyecto Técnico Ejecutivo para la ampliación a 4 carriles de la Carretera México-Pachuca”, este medio evidenció que Catastro rebasó sus facultades y entregó en lo oscurito 66 millones 357 mil 800 pesos por el supuesto "estudio" a Cal y Mayor y Asociados en un proceso oscuro que huele a Estafa Siniestra.
Veremos si no existe conflicto de interés por parte de Medina Castelazo e inicia una investigación contra sus arrendatarios, ya que así lo exige su nueva responsabilidad.
