La Hoguera

Emmanuel Ameth


Caso UAEH podría tirar esfuerzos para combatir el Lavado de Dinero de la UIF y la 4T

Caso UAEH podría tirar esfuerzos para combatir el Lavado de Dinero de la UIF y la 4T




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Noviembre 07, 2019 01:47 hrs.
Universitarias Nacional › México Ciudad de México
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No existe mejor estrategia en este gobierno de la 4T que el de congelar cuentas a operadores que hayan tenido el origen de sus recursos de forma ilícita; sin cuentas bancarias, las organizaciones criminales de talla internacional se vuelven ’locales’ y obligadas a pagar en efectivo, lo que las hace vulnerables, pues a quienes compran armas, propiedades, así como sus células en otros países simplemente no reciben billetes mexicanos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP hasta este momento puede tener incluso un 9 de calificación en su gestión y la Cámara de Diputados ha aprobado, en lo general, darles mayores capacidades para seguir en su lucha por desmantelar a las organizaciones criminales del país, sean estos cárteles, bandas criminales, políticos o empresarios, quienes recurren a las mismas estrategias para lavar dinero y seguir operando.

Así pues, podría ser la institución que mejor ha comprendido su función dentro de la 4T pero no lleva un 10 de calificación porque tuvo un error y no fue pequeño: congeló las cuentas de los pensionados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En derecho la expresión “onus probandi” señala que aquel que acusa, está obligado a comprobar. La UIF acusó a la UAEH en febrero pasado de Lavar dinero y congeló sus cuentas bancarias. A la fecha, no ha podido comprobar el origen ilícito de los recursos y pese a ello, no ha liberado la totalidad de cuentas congeladas.

Incluso, congeló cuentas que no se encontraban bajo investigación alguna para tratar de generar una revolución al interior de la institución, cuya estrategia no funcionó y tuvo que recular, no sin antes hacer señalamientos sobre huachicol por parte de la UAEH -que en realidad se trataba de recursos provenientes de una empresa universitaria del giro de la gasolinería-.

En la sesión de Congreso del día de ayer, todo parecía marchar acorde a la agenda de la 4T y en lo general, se le brindó a la UIF mayor atribución para congelar las cuentas. Sin embargo, la diputada Lidia García Anaya, proveniente precisamente del Grupo Universidad, incluyó una reserva para la cual se anexaba que quienes hayan sido sujetos al congelamiento de cuentas sean notificados, tengan una audiencia para defender/explicar según sus intereses, además de que la extinción de dominio -incautación definitiva de bienes- no se realice sin seguir el debido proceso.

Lo anterior suena sensato en función de que antes de que el Estado disponga de recursos incautados, debe llevarse a cabo un proceso legal para primero determinar si estos son ilícitos como se presume, pues si se tratase de un error, aún habría posibilidad de que no perjudique al incautado, pues la UIF se adelanta a cualquier tipo de proceso legal para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado, incluso pasando sobre las autoridades judiciales. Una ley así, como la planteó García Anaya, habría “pasado” sin mayores trabas, pero se planteó de forma distinta por el caso UAEH y es por ello que al menos 25 morenistas votaron a favor de la reserva, que unidos con la oposición -la que protege sus propios intereses- fueron suficientes para que fuera aprobado el anexo.

Así, una Ley completamente necesaria en México, que ya de por sí tenía un tufo inconstitucional por rebasar funciones y atribuciones, podría verse mermada por una mala estrategia que llevaba como fin perjudicar a un enemigo interno en la lucha de morenistas. Vaya forma de ensuciar la 4T y de perjudicar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El origen de los recursos incautados a la UAEH

Durante el mandato de Vicente Fox, siendo Secretario de Educación el exrector de la UANL Reyes Tamez, se comenzó a entregar a las Universidades Públicas Estatales (UPES) un recurso para que pudieran hacer frente a sus pasivos, principalmente en materia de pensiones.

Por supuesto, para que la exigencia no se fuera elevando año con año de forma irresponsable, se obligó a que los beneficiarios de este recurso extraordinario modificaran sus contratos colectivos de trabajo con la intención de que en el mediano y largo plazos, no se volviera incosteable pagar las pensiones y jubilaciones. Aunque tuvo diversos nombres, la mayor parte del tiempo se le conoció como el Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE).

De este fondo, hasta 2015 la UAEH había reportado 729 millones y recibió 420.5 millones más ese mismo ejercicio; anualmente la portación rondó los 50 millones. Este recurso NO puede ser destinado a otra finalidad que no sean las jubilaciones y pensiones si bien les es permitido invertir los mismos en instrumentos financieros que les generen rendimientos -así hace la UABC, por ejemplo-.

Ahora bien, el problema que enfrentó la UAEH no se debió completamente a una vendetta política, sino que de los 3 mil millones incautados, si bien 1,500 millones corresponden efectivamente a las pensiones y sus réditos, todo ello debidamente acreditado en los informes anuales de la institución por lo menos desde 2007 -no se pudo consultar informes de ejercicios anteriores-, el recurso restante, destinado aparentemente al mantenimiento de la Infraestructura de la UAEH, se habría juntado en un mismo portafolio, pues al ofrecerles HSBC supuestamente mejores rendimientos que Credit Suisse, decidieron cambiar las cuentas, lo que detonó la alerta -una inusual, por cierto, pues toda banca de segundo piso invierte en instrumentos que por lo general, provienen de diferentes países-.

La acción anterior derivó en que los recursos autogenerados por las empresas universitarias -un modelo a seguir, por cierto-, se confundieran con aquellos provenientes de las pensiones. Los recursos del patronato pudieron auditarse e incluso llevar su debido proceso legal por presunto lavado ante cualquier duda, pero el problema es que se habrían mezclado con los fondos de pensiones y ello derivó en que la investigación y congelamiento de unos, llevara también al congelamiento de los otros.

La UAEH deberá llevar lo que por derecho le corresponda para defender sus intereses, sin embargo, una extinción de dominio en este momento, una que a la fecha no puede distinguir entre unos recursos y otros pese a estar depositados en cuentas distintas -si bien en el mismo portafolio-, equivale a cometer la insensatez de dejar sin recursos a pensionados y jubilados de la UAEH. No es pues, una consecuencia pequeña ni resultado de una mal planteamiento de una Ley, sino una estrategia perversa que lejos de “terminar” políticamente con un enemigo interno, pareciera una vendetta que daña no sólo a una comunidad universitaria que nada tiene que ver con la administración de su institución, sino que podría incluso lastimar a la institución de la 4T que mejores resultados ha entregado al lopezobradorismo (la UIF), un despropósito puro y duro.


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