La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha asegurado hasta el momento 60 inmuebles en el marco de las investigaciones del caso del Cartel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, donde involucran a varios funcionarios del PAN, según ha informado su portavoz, Ulises Lara.
Entre estos inmuebles se encuentran predios, casas y departamentos, y nueve de ellos están directamente relacionados con la información ofrecida por un empresario del sector de la construcción que decidió someterse al mecanismo del criterio de oportunidad.
Los nueve inmuebles mencionados se sitúan en la calle Riff en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la calle José María Rico y en los complejos City Towers.
’Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado’, explicó.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó que varios inmuebles en la alcaldía Benito Juárez fueron adquiridos por personas físicas y morales cuyo aumento patrimonial parece injustificado.
Según la investigación, algunos de estos exservidores públicos de alto nivel de la demarcación, como Nicias René Aridjis, Víctor Manuel Mendoza Acevedo y Emilio Sordo Zabay, eran propietarios de estos inmuebles.
Se descubrieron posibles delitos financieros a través de estudios periciales de contabilidad, incluyendo un incremento de patrimonio de hasta 300 millones de pesos por parte de una persona que no ha sido identificada.
Aunque los inmuebles estaban en arrendamiento o en comodato, la Fiscalía garantizó el respeto de los derechos de terceros ocupantes de los mismos.
’Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, ha declarado que las técnicas de investigación y diligencias de cateo realizadas recientemente en nueve inmuebles de la Alcaldía Benito Juárez, se han llevado a cabo conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional correspondiente.
Estos cateos son parte de las investigaciones relacionadas con la red de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez, conocida como "Cártel Inmobiliario", que ha involucrado a varios funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), como Christian Von Roehrich, Santiago Taboada —actual Alcalde de Benito Juárez— y el Diputado Jorge Romero Herrera, entre otros. La FGJ-CdMx busca integrar todas las indagatorias en una sola carpeta de investigación.
’Un grupo de personas morales posiblemente incrementaron sus patrimonio a partir de la adquisición de bienes a su nombre, de los que se conducían como dueñas con personas físicas. Dicho incremento patrimonial posiblemente no podría justificarse y se encuentra relacionado con investigaciones de actos cometidos por servidores públicos’, explicó en un video.
La Coordinación General de Investigación Territorial llevó a cabo una petición ante un Juez de control para poder realizar cateos en seis domicilios ubicados en la colonia Santa Cruz Atoyac, dos en la colonia Xoco y uno en la colonia Del Valle. La intención de estas diligencias fue encontrar artículos que permitan comprobar el presunto cumplimiento del delito señalado en la carpeta de investigación.
La Policía de Investigación, el Ministerio Público y el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales trabajaron en conjunto para llevar a cabo estas acciones. Durante los cateos, se buscó y localizó objetos, productos o instrumentos que pudieran estar relacionados con la carpeta de investigación, como documentos, vehículos, libros, dispositivos electrónicos, entre otros.
El comunicado emitido por la Coordinación General de Investigación Territorial resaltó que todas las personas mencionadas en el mensaje serán tratadas bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario.
En relación al caso del Cártel Inmobiliario, se han llevado a cabo diversas detenciones por parte de las autoridades. Entre los involucrados se encuentran seis servidores públicos, como Christian Von Roehrich de la Isla -exdelegado de la Benito Juárez- y su hermana Sofía "N", así como un empresario llamado Roberto "N". Además, otros cuatro están siendo buscados por las autoridades en calidad de evadidos.
En paralelo, ha habido otra detención por enriquecimiento ilícito, cuyo papel en la trama del Cártel Inmobiliario ha sido objeto de investigación. En total, se trata de una serie de acciones que se llevan a cabo con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los implicados en estos delitos.
Cabe destacar que algunos de los detenidos se encuentran bajo prisión preventiva justificada en un Centro de Reinserción Social, mientras que otros están en prisión domiciliaria. Las investigaciones sobre este caso continúan en curso y las autoridades competentes aseguran que se seguirá trabajando para llevar la justicia necesaria a cada uno de los implicados.
Además han sido detenidos Ismael Isauro Chalico García, quien ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de Director General de Administración; José Ramón ’N’, supervisor de trabajos de la Alcaldía, Alejandro ’N’, extrabajador de la demarcación, y el empresario Roberto ’N’. Se encuentran evadidos Victor Mendoza, Director de planeación, Emilio Sordo, Director de Desarrollo Urbano; y Elvia ’N’ y César ’N’, este último trabajador por honorarios. De igual forma ha sido detenido por enriquecimiento ilícito Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, cuyo papel en la trama, según se ha informado, estaba bajo investigación.
’Tenemos, además, a otros más que están señalados, que era el director de Participación Ciudadana, el Director de Servicios Urbanos, la directora de Planeación y dos personas más que hacían las veces de gestores [de las cuales una ya fue detenida]’, expuso Lara. ’¿Van a aparecer más personas vinculadas? Es probable que sí, que vamos a tener otros empresarios, porque hemos estado investigando más de 130 inmuebles’.
’Es probable que tengamos que seguir la ruta del dinero y encontrar esos vínculos [entre empresarios, exfuncionarios y sus allegados], y por eso, lo quería señalar, lo que se nos está abriendo es otra posibilidad con los funcionarios hacia otro tipo de operaciones de mayor envergadura, y si hablamos de esto entonces es probable que tengamos que pedir la intervención de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan llevar este tema a sus consecuencias’.
