Samuel Manuel Castro Mercado lleva 6 años recluido por un crimen que asegura no cometió, del cual además presenta pruebas que demuestran su inocencia. El móvil, despojarlo de la empresa Motor Coach Industries, cuyo valor era de 500 millones de pesos y por la cual, señala, recibió extorsiones directamente del Gobierno del Estado encabezado en ese momento por el priista Francisco Olvera Ruíz, hoy delegado especial del PRI en la CDMX, exgobernador de Hidalgo que mediante ’pellizcos’ al presupuesto desvió 2,700 millones de pesos.
Parte importante de esta trama es Raúl Arroyo, ahora Procurador y que como Ombudsperson emitió recomendaciones para que su proceso fuera llevado a cabo de forma legal por parte del difunto Alejandro Straffon, cuya memoria como anterior Procurador hoy se ensucia, entre otros asuntos, por este presunto acto de corrupción.
También sale a relucir el nombre de Leoncio Pineda Godos, en ese momento presidente municipal de Tepeapulco y ahora presidente estatal del PRI Hidalgo.
Visto en retrospectiva, el encarcelamiento de Castro Mercado tuvo como finalidad despojarlo de una armadora de autobuses chinos que sería empleada para el megaproyecto más recordado de Francisco Olvera y que muy probablemente, por razones financieras y de falta de planeación, vea su último ejercicio operativo completo este año: el Tuzobús.
Castro Mercado fue entrevistado desde el penal de Pachuca por este medio.
La trama
En 2009 Samuel Castro ya era representante en México de la segunda armadora más grande del mundo; hizo un contrato con la empresa Pacific International Development (antes DINA) para enviar vehículos a Guatemala sin pasar por México. Le interceptaron de ProMéxico para ofrecerle las instalaciones de DINA para que pudiera operar desde este país.
Bruno Ferrari, ex Secretario de Economía se involucró y aunque Castro Mercado tuvo sus dudas, hizo una oferta que le fue aceptada. Fue allí donde se presentó Elías Javier Valdespino, de Sahagún, supuesto representante de los trabajadores y de Gobierno del Estado, del que relata le hizo la primera extorsión por 5 millones, para “ahorrarle” 22 millones de pesos mediante condonaciones, inmiscuyéndose en dicho trato Leoncio Pineda Godos, presidente municipal de Tepeapulco y hoy presidente del CDE del PRI en Hidalgo.
La transacción dijo, fue grabada.
Posteriormente el líder sindical Artemio Vázquez Peña le pidió 10 millones de pesos más, tras lo cual Castro Mercado se presentó con el entonces Secretario de Desarrollo Económico Aunard de la Rocha Waite para señalarle que no podía continuar con dichas peticiones. El entonces Secretario resolvió “No podemos seguir con lo mismo, es la última vez que les van a dar dinero”. Así fue que continuaron las extorsiones, bajo el conocimiento y auspicio del Gobierno de Hidalgo.
Luego de involucrarse en un pleito en el cual los sindicalizados terminaron en la cárcel, Castro Mercado visitó al entonces presidente del Tribunal de Justicia Valentín Chavarría, recomendó que los trabajadores, al figurar como copropietarios, les hiciera un pago.
Fue así que el 28 de enero comenzó a llegar la gente y Artemio Vázquez Peña levó 40 personas a través de los cuales se inició una balacera de la que resultó muerto un trabajador por el cual inculparon al empresario.
Sin embargo, existe un video donde se aprecia que dicho cuerpo se encontraba “rígido” al ser grabado en la puerta 2 de las instalaciones de la empresa, es decir, que presuntamente ya se encontraba muerto.
Según la necropsia, falleció a las 11:00 am pese a que los hechos se registraron a las 11:30; el empresario en esos momentos se encontraba en las oficinas administrativas, a unos 1,300 metros de la puerta referida y donde permaneció hasta aproximadamente las 2:30 pm luego de ser alertado de la balacera.
La policía estatal fue a detenerlo a dicha hora y lo trasladaron a un penal donde permanece hasta ahora.
Las fallas en el Proceso
La primer inconsistencia se dio por “testigos de oídas”, toda vez que declararon que les dijeron que Castro Mercado disparó contra el trabajador, del que las pruebas periciales se demostró que le dispararon a quemarropa, de arriba hacia abajo y de una distancia menor a un metro. Las ropas del occiso no contenían rastros de pólvora sin embargo (le habrían sido puestas después).
De las realizadas a Castro Mercado el peritaje también demostró que él no accionó ningún arma, toda vez que si bien sus ropas contenían pólvora, habría sido una contaminación ambiental, pues sus manos y muñeca no la contenían como sucede cuando alguien acciona un fusil.
Año y medio se mantuvo callado porque el juez Ciro Juárez González escondió el protocolo de necropsia, en el que se revelaba que la huella de pólvora iba de arriba a abajo a menos de 80 cms; el señor entra a las 12.30 al IMSS y lo dan por muerto a las 11:00.
El caso fue atraído por la CNDH cuyo dictamen sugiere detención indebida, alteraron pruebas (el perito se equivocó 16 veces), además de 7 audiencias donde el juez nunca se presentó.
Coordinación de Gobierno del Estado le informó que lo iban a dejar en libertad si devolvía la empresa. Pidieron cierre de instrucción y le dijeron que le darían 15 años si no entregaba la planta.
“Si Usted deja de dar lata con los medios veremos qué hacemos con Usted, pero tiene que regresar la empresa. El procurador Straffon (hasta hace unos meses) dijo que si está yo aquí es porque era yo culpable”, manifestó.
Las amenazas
El día de los hechos que hoy lo inculpan, Castro Mercado efectuó 59 llamadas a la policía, pues al encontrarse con su familia, denunció los hechos que sucedían afuera mientras permanecía en el búnker donde se manejaba la nómina tras la alerta de trabajadores sobre la balacera que ocurría afuera.
“A uno de mis hijos de 16 años en ese entonces le metieron una pistola en la boca los agentes para que firmara una declaración, le dijeron “o firmas o se los carga la chingada”, intentando lo mismo con el otro de 20 años., Golpearon a elementos de seguridad y a secretarias intentando amedrentarlos para que firmaran”, señaló.
La esposa de Vázquez Peña era líder priista de las mujeres de Hidalgo.
El extesorero del sindicato Miguel Vázquez Romero declaró que fue presionado por Artemio Vázquez Peña para falsear declaraciones, en las que se aprecia que supuestamente ya todo estaba hecho y confabulado para inculpar a Castro Mercado.
Recomendaciones de la CNDH y del CDHEH dijeron que los Ministeriales mintieron, pero esta no la admitió Francisco Olvera.
A decir de Castro Mercado, el juez Ciro Juárez es usado como elemento de consigna, pues fue el mismo que llevó la demanda de Omar Fayad Meneses en contra de Francisco Xavier, aunque en este caso el proceso no prosperó.
“Ellos se van a meter en problemas. No dejaron entrar diputados federales cuando ellos pueden llevar a Fayad al Congreso por no haber acatado la recomendación de CNDH”, afirmó.
Raúl Arroyo le dio la primera recomendación de Derechos Humanos pero ya adentrado en el Sistema, reculó. Hoy es Procurador y “sabe” que hubo declaraciones bajo tortura, afirmó el empresario.
“Hace dos años Porfirio Cruz -juez-, se declaró incompetente tras haber juzgado en un principio. Incluso debió tratarse como homicidio simple; sentencian 24 años cuando es entre 9 y 15”, afirmó.
“Hay muchos intereses de por medio. La corrupción en el poder judicial ya transitó a una revancha.
La única forma es fastidiarme, hacen tácticas dilatorias. ¿Cómo es posible que pase esto?”, dijo.
